Por 135 votos a favor, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 184. Su fin es que pedir que se eleven las exigencias para el funcionamiento de las desarmadurías, considerando que dichos lugares se habrían convertido en un destino recurrente de vehículos robados. La solicitud va dirigida al Presidente de la República y al Ministerio del Interior.

El documento plantea que se instruya a Carabineros, PDI o la institución que corresponda, para aumentar las fiscalizaciones a lo largo del país.

Asimismo, se insta a elevar los estándares y exigencias para el funcionamiento de estos negocios. La idea es definir requisitos más altos para el otorgamiento de patentes de funcionamiento.

En cuanto al hallazgo de alguna desarmaduría en la que se encuentre un auto o parte de este y que tenga encargo por robo, solicita que la división jurídica del Ministerio del Interior presente la respectiva querella por delito de receptación.

Entre los antecedentes de la solicitud, se indica que uno de los eslabones de la cadena delictiva es el desarme de los vehículos robados. Se explica que estos son vendidos y adquiridos como piezas. Esta cadena está compuesta por todos los mecanismos que demandan la comisión de delitos de robo, delitos violentos y delitos contra la propiedad.