Estudio identifica ocho barreras para la carga de vehículos en espacios públicos

El objetivo del trabajo, desarrollado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, es buscar soluciones en este ámbito, considerando las metas de adopción de la electromovilidad en Chile.


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La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) identificó una serie de barreras que dificultan la implementación y operación de la infraestructura de carga pública para vehículos eléctricos, los cuales generan atrasos, incertidumbre y sobrecostos en este tipo de proyectos.

El objetivo del trabajo es buscar soluciones en este ámbito, considerando las metas de adopción de la electromovilidad en Chile, en que se busca que el número de vehículos eléctricos en circulación aumente considerablemente en los próximos años, por lo que «será necesario asegurar su carga», señala Ignacio Rivas, especialista de la AgenciaSE.

«La experiencia internacional muestra que la infraestructura de carga de acceso público es indispensable para viajes interurbanos, vehículos que recorren una gran cantidad de kilómetros al día, y usuarios sin posibilidad de cargar en el hogar», indica.

Y añade: «La infraestructura de carga pública (ICP) es condición necesaria para acelerar la penetración de vehículos eléctricos, ya que sería impensable desplegar la infraestructura de carga de acceso público solo utilizando terrenos privados. Por ejemplo, en zonas con espacios privados limitados, y zonas donde los usuarios suelen estacionar en la vía pública, difícilmente se logre satisfacer la demanda por carga de acceso público sin hacer uso de espacios públicos».

Barreras

Las barreras principales identificadas por el estudio son:

  1. Desconocimiento general de la electromovilidad y poca experiencia en proyectos de ICP: Tal como sucede generalmente con las nuevas tecnologías, la falta de conocimiento y experiencia puede ser una barrera importante para su despliegue. Más aún, dado que la ICP requiere la interacción de distintas instituciones y profesionales que no necesariamente se han enfrentado previamente a este tipo de proyectos.
  2. Dificultad para articular a múltiples actores: Los proyectos de ICP involucran a varios actores, donde cada cual tiene sus propios intereses y objetivos. Si bien, la interacción de los actores involucrados es necesaria para que cada uno pueda resguardar sus intereses/objetivos, esta interacción puede complejizar la implementación de ICP.
  3. La regulación actual y el funcionamiento de las instituciones no se ajusta a la ICP: No existe una regulación ad-hoc para el servicio de carga pública. Si bien en los últimos 3 años se ha generado normativa técnica, la regulación del espacio público se desarrolló previo a que la ICP se vislumbrara como una necesidad, y esta, no se ajusta a las particulares de la ICP ni a su sentido de urgencia.
  4. El espacio público es limitado y la ICP compite con otros usos: La utilización de espacios públicos es por naturaleza compleja. En estos lugares confluyen e interactúan múltiples sistemas, y actores que colaboran y compiten por su uso. En ese sentido, la implementación de ICP tiene asociado un costo de oportunidad, y por ello, existe una necesidad de balancear los beneficios y costos de la ICP.
  5. La rentabilidad de corto plazo para la ICP es baja: Durante las etapas tempranas de la electromovilidad, la rentabilidad de corto plazo para la ICP suele ser baja, principalmente debido a que pocos usuarios la utilizan.
  6. Pocos instaladores con experiencia en ICP: Al ser pocos, y estar concentrados en unas pocas regiones, principalmente, en la Región Metropolitana, los proyectos de ICP tienden a ser más costosos y extensos en plazo.
  7. Dificultades en la tramitación de solicitudes de conexión a la red de distribución: Por distintas razones, esta es una de las etapas que genera mayores retrasos en los proyectos de ICP.
  8. Vandalismo, hurto y accidentes: Al estar ubicada en espacios públicos, existen riesgos asociados al equipamiento de ICP que podrían desincentivar a los inversionistas. Por otra parte, la eventual percepción de riesgo asociado al equipamiento energizado en la vía pública, podría despertar cierto rechazo por parte de la ciudadanía.

«Esperamos que este estudio permita anticiparse a estas barreras y desarrollar/habilitar soluciones a través de políticas públicas, coordinación, regulación, nuevos modelos de negocio y emprendimientos», asegura Rivas.

Según el especialista, «esta publicación es parte de una iniciativa de la AgenciaSE, que busca entregar información y herramientas para la toma de decisiones de Infraestructura de Carga Pública. Durante los próximos meses, desarrollaremos otras acciones que buscan resolver/mitigar algunas de las barreras que se listan en este estudio».

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