ESTUDIO: ¿Tenemos suficiente carga de acceso público en Chile?

El escenario podría cambiar rápidamente si el crecimiento del parque de vehículos eléctricos en Chile es explosivo como se espera.


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Chile se encuentra entre los países donde existe una mayor disponibilidad de puntos de carga de acceso público por vehículo eléctrico, registrando indicadores cercanos a los que tiene Holanda, Polonia y Alemania, según muestran los resultados preliminares de un estudio que lleva a cabo la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) sobre este tema, con el objetivo de identificar barreras a la carga residencial en el país.

Ignacio Rivas, profesional de Transporte Eficiente de la AgenciaSE, señala que, considerando el número de vehículos y puntos de carga, Chile tiene un promedio de cuatro vehículos eléctricos por este tipo de infraestructura, “similar a países como Holanda (4 VE/PC), Polonia (4 VE/PC) y Alemania (5 VE/PC)”.

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Eso sí, el especialista explica que el indicador Vehículo Eléctrico/Punto de Carga “tiene más significado cuando se combina con la factibilidad de cargar el vehículo en el hogar, porque hay una relación entre ambos, ya que se requiere una mayor red de carga de acceso público en lugares donde los usuarios tienen pocas posibilidades de cargar en el hogar y viceversa”

“Al comparar el despliegue de carga de acceso público, considerando tanto el potencial de carga en el hogar y el indicador VE/PC, vemos que Estados Unidos y Noruega se encuentran en el grupo de mayor potencial de carga residencial, y por lo tanto, requieren menos puntos de carga de acceso público. Por el otro lado, Beijing y Holanda requieren un mayor despliegue de carga pública, dado que sus posibilidades de carga residencial son más limitadas. Es interesante observar que Chile se ubica en un cuadrante distinto al resto, en el cual existe un alto potencial de carga en el hogar, y al mismo tiempo, una alta disponibilidad de puntos de carga pública por vehículo”, precisa Rivas.

Estudio

Estos son algunos datos preliminares de un estudio que realiza la AgenciaSE para identificar barreras de carga residencial en Chile, que pretende publicarse a fines año. “En este estudio, esperamos profundizar a nivel regional algunos de estos indicadores. De todas maneras, insistimos que estos indicadores son útiles para comparar distintos países de manera rápida y simple, aunque su limitante es que sobre simplifican sistemas complejos. Evidentemente para entender las necesidades de carga al detalle se requiere mayor profundidad de análisis y datos con los que hoy no contamos”, afirma Rivas.

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Explica también que en el mundo se han realizado varios esfuerzos para caracterizar las necesidades de carga pública de acuerdo con distintos indicadores, advirtiendo -sin embargo-, que “las necesidades de infraestructura de carga pública dependen de las particularidades de cada país o ciudad”.

“La cantidad de cargadores públicos, sus potencias, su ubicación, y la temporalidad en que son necesarias, dependen de factores económicos, urbanos, socioculturales, geográficos, mercado de VEs, entre otros. Incluso, también depende del uso del vehículo que se electrifique primero, por ejemplo, los requerimientos de carga de acceso público pueden ser mucho mayores en el caso de un taxi en comparación con un usuario que recorre una baja cantidad de kilómetros diarios”, agrega.

A su juicio, construir una red de cargadores de acceso público suficiente para la incorporación masiva de vehículos eléctricos durante las próximas décadas es un desafío no menor, “ya que no significa solamente aumentar el número de puntos de carga, sino que requiere considerar la ubicación y temporalidad en que son necesarios, la interoperabilidad entre puntos, la velocidad de carga, permisos municipales en caso de ocupar espacios públicos, la red de distribución eléctrica, asegurar cobertura en todas las comunas de Chile, entre otros”.

“Esta tarea requerirá una alta coordinación y colaboración público-privado, no solo porque la toma de decisiones involucra actores públicos y privados, sino porque una red de carga pública debe cumplir tanto objetivos de política pública como privados”, concluye el especialista.