En octubre de 2021, se dio a conocer con bombos y platillos la nueva Estrategia Nacional de Electromovilidad, la que establece que a 2035 solo se podrán vender autos eléctricos en Chile. Es decir, no llegarán a nuestro país autos nuevos que ocupen combustible o diésel.

Tendencia que inició California, que al igual que nuestro país anunció un mandato para la prohibición a partir de 2035 de autos que funcionan con bencina o diésel. A esto se le sumaron otros 17 estados del gigante norteamericano.

Pero, ¿realmente podremos llegar a 2035 tal y como se lo propuso California?  Es cosa de recorrer las estaciones de servicio o los estacionamientos de los centros comerciales de California, todos ellos tienen decenas de lugares exclusivos para autos eléctricos, con carga gratis mientras el usuario se va de shopping, por poner un ejemplo.

California se ha venido preparando hace años para esto, y lo podemos ver en la propuesta de Prop 30, la cual fue votada en las urnas californianas a principios de noviembre, sin tener éxito.

La iniciativa pretendía aumentar el impuesto sobre la renta personal de 1,75% a los que ganan más de US$2 millones por año y así financiar un conjunto de programas climáticos. Uno de ellos es crear una nueva fuente de ingresos para subsidiar vehículos de cero emisiones y financiar la respuesta y prevención de incendios forestales, lo que pretende recaudar entre US$3,5 mil millones y US$5 mil millones anuales.

¿Se han considerado en Chile medidas tan específicas en materia económica? Ya que las compensaciones que pretende hacer el Estado a los que compren vehículos fiscales son bastante altas. Al menos no he leído una medida potente para este cambio tan drástico, solo las que están en la nueva Ley de Electromovilidad, que a mi parecer son insuficientes.

Queremos parecernos a California, pero los impuestos a los vehículos eléctricos en Chile son bastante altos. Hay medidas específicas, pero ínfimas en comparación a un plan que se pretende activar en tan solo 9 años más. Por ejemplo, el servicio de carga pública del que se encarga el gobierno es deficiente.