El programa de la Unión Europea, Euroclima+, y ONU Medio Ambiente desarrollaron el Informe “Movilidad Eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe y Oportunidades para la Colaboración Regional”, a través del cual se buscan mostrar las principales tendencias y logros alcanzados en diversos países de la región, en materia de electromovilidad.

En el reporte se resalta que a medida que una mayoría de los países de la región incursiona en la movilidad eléctrica, se ponen a prueba tecnologías, incentivos básicos, así como la primera ronda de infraestructura de recarga – predominantemente centros de carga lenta.

Otro aspecto destacado es que los países que avanzan más rápido han creado estrategias nacionales que involucran a varios entes públicos y, de manera crítica, al sector privado. “Han entendido la visión de ir más allá de un ministerio y del gobierno nacional. Donde aún existe una brecha, es en el involucramiento de los usuarios, lo cual podría venir más adelante”, se consigna.

Incentivos y colaboraciones

En el marco del informe, se hace hincapié en avanzar en el desarrollo de incentivos y colaboraciones que permitan la masificación de los vehículos eléctricos.

Es así como se señala que los países debieran fortalecer los programas para proporcionar incentivos temporales y ayudar a reducir el precio inicial de los vehículos eléctricos, siempre que sea necesario.

“Esto podría requerir pasar las leyes de vehículos eléctricos en algunos mercados, así como acelerar el despliegue de la infraestructura de carga. Además, se necesita abordar la resistencia cultural al cambio y en particular a adoptar nuevas tecnologías en un sector que mantuvo una misma tecnología a lo largo del siglo XX”, se indica en el estudio, donde se resalta el beneficio que implica la creación de nuevos grupos de consumidores dedicados a la movilidad eléctrica, con miras a incluir la perspectiva del usuario.

Junto con ello, se aborda la contribución que implicaría la colaboración entre los gobiernos de la región, para aprender unos de otros, y garantizar que las lecciones de los países más avanzados de la región sean bien difundidas.

“La colaboración se puede estructurar en torno a marcos de políticas (tal como normativas de combustibles o eficiencias mínimas de vehículos, niveles máximos de emisiones permitidas, entre otros), mecanismos de financiación y planes nacionales, de manera más general”, menciona el documento, donde se indica que “se podría colaborar en torno a la gobernanza de la movilidad eléctrica para garantizar que los gobiernos, el sector privado y los usuarios tengan nuevos espacios para encuentros técnicos”.