Mediante una declaración pública, firmada por 70 asociaciones, manifestaron que «hemos visto cómo desde el Gobierno y el sector privado se ha impulsado la agenda del ‘hidrógeno verde’, como una bala de plata en materia de desarrollo nacional y descarbonización global, esperando situar a Chile como líder en materia de acción climática y transición energética. La ambiciosa meta planteada por los gobiernos es convertirnos en líder y productor global de H2V por electrólisis a 2030″.
“La gran escala de esta industria, involucra miles de kilómetros cuadrados de gigantescos aerogeneradores y parques fotovoltaicos, desalinizadoras de agua y plantas de hidrólisis, construcción de puertos, plataformas, caminos, líneas de Alta Tensión y barcos cargados de amoníaco navegando en costas y bahías. Lo anterior conformaría la nueva fisonomía de aquellas regiones ungidas como polos de desarrollo del H2V, afectando gravemente la biodiversidad y los estilos de vida de quienes habitan el territorio”, agregó el texto.
En ese sentido, afirmaron que “el modelo de desarrollo de hidrógeno verde impulsado por el Gobierno que estamos cuestionando, viene a perpetuar la distribución desproporcionada entre cargas y beneficios socioambientales, traspasando las externalidades negativas directamente a los territorios donde se concentrarían los proyectos de generación y exportación. En otras palabras, el desarrollo del hidrógeno, tal como está propuesto, profundiza escenarios de injusticia ambiental, y consecuencialmente de conflictos socioambientales y judicialización”.
Necesidad de reducir las brechas
Por otro lado, apuntaron que “si el objetivo es lograr una transición energética justa, no podemos ignorar la necesidad de reducir las brechas de pobreza energética a nivel nacional, así como avanzar en materia de descentralización y generación distribuida para asegurar mejores niveles de seguridad energética a lo largo del país, como también ocuparse de la protección de los ecosistemas claves para la adaptación y el “desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza”, como nuestras costas, bosques, humedales, y tantos otros claves para la subsistencia de nuestra biodiversidad”.
“Es por ello que nos parece necesario como compromiso del gobierno con el resguardo de las comunidades y el medio ambiente, que someta el Plan de Acción de Hidrógeno Verde a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), con el fin de identificar y hacerse cargo, de forma integral, de los potenciales riesgos socioambientales de la implementación de esta industria, como también que se incorpore un enfoque de derechos humanos en la búsqueda de resguardarlos de forma íntegra, aplicando los compromisos internacionales como por ejemplo el Acuerdo de Escazú”, consigna el escrito.
Finalmente, las organizaciones ambientales hicieron un llamado al Gobierno “a que haga un esfuerzo en enmendar el rumbo de manera urgente, ratificando nuestra convicción de que las medidas propuestas son posibles y necesarias, y que son la única vía para posicionar a nuestro país como un verdadero líder en materia de acción climática y transición energética justa”.
Algunas de las organizaciones firmantes:
– CODEFF (Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora)
– Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia
– Mujeres en Resistencia Chile
– No Alto Maipo
– ONG FIMA
– Centro Ecoceanos
– Centro de Análisis Socioambiental (CASA)
– Comité Ambiental Comunal La Reina
– Fundación Territorios Colectivos}
– Greenpeace en Chile
