Con el objetivo de propiciar “un medio de transporte eficiente, saludable, limpio, sostenible y económico”, el Senado solicitó al Presidente Gabriel Boric –a través de un proyecto de acuerdo– que instruya a los ministerios de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo a fin de que dispongan de los recursos económicos y técnicos para implementar la instalación de estacionamientos de bicicletas en establecimientos públicos construidos con anterioridad a 2015.

La solicitud fue patrocinada –de manera transversal– por los senadores Sebastián Keitel, María José Gatica, Ximena Órdenes, Ximena Rincón, Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Karim Bianchi, Juan Castro González, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alfonso De Urresti, Rojo Edwards, Álvaro Elizalde, Fidel Espinoza, Iván Flores, José García Ruminot, Francisco Huenchumilla, Felipe Kast, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Gastón Saavedra, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe y Esteban Velásquez.

Todos ellos hacen referencia a que, “con ocasión de la pandemia del coronavirus Covid-19 autoridades en distintos países, a nivel local y gubernamental, se han adoptado medidas que reducen los eventuales efectos negativos producidos por el aumento del uso del automóvil en zonas urbanas, así como el distanciamiento físico y el volumen de pasajeros en el transporte público”.

Equidad y salud

Estas medidas, precisaron los legisladores, “apuntan a la bicicleta como un medio de transporte (…) que tiene un impacto en la reactivación del turismo y en la forma de repensar el desplazamiento de las personas, por cuanto evita el hacinamiento y los focos de contagio que se producen en el transporte público urbano, convirtiéndola en el medio de transporte que permite, con la infraestructura necesaria, enfrentar los actuales problemas sanitarios siendo un medio que coopera a enfrentar la reapertura”.

Adicionalmente, los parlamentarios recordaron que Juan Antonio Carrasco, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) señaló que “la experiencia de otras ciudades, sumada a nuestro conocimiento local, muestran que implementar medidas para favorecer la bicicleta y caminata en nuestras ciudades tiene sentido desde el punto de vista de la equidad y salud. […] Privilegiar la caminata y la bicicleta no solo impacta los viajes de menos de 5 km, sino que también la intermodalidad y especialmente el uso del transporte público en estas nuevas condiciones, en el acceso, egreso y espera de los buses”.

Los senadores añadieron que, a la fecha, la legislación chilena dispone del decreto N° 109, que modifica el decreto supremo N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en Materia de Ciclovías y Estacionamientos para Bicicletas. Sin embargo, aclararon que esta iniciativa rige únicamente para aquellos edificios públicos construidos con posterioridad de la publicación del decreto. Es decir, desde el año 2015.