Con casi 900 buses cero emisiones circulando por las calles de Santiago, la creciente presencia habitual de scooters en las ciclovías, la ampliación de la oferta y lanzamientos frecuentes de nuevos modelos de autos eléctricos y el traslado cada vez más habitual de trabajadores de hacia faenas productivas en vehículos que no emiten humo ni ruido, la electromovilidad consolida su desarrollo y expansión en Chile.

Un avance del todo necesario, considerando que la implementación de esta forma de movilidad es clave dentro de los esfuerzos del país por alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.

En efecto, según cifras oficiales, el sector transporte hoy representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Chile. “Para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, estimamos que cerca de un 20% de la reducción de estas emisiones será gracias al sostenido avance de la electromovilidad en nuestros sistemas de transporte”, afirma el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

La cartera de Transportes y la de Energía, junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) son los organismos que lideran este proceso desde la institucionalidad.

Uno de los hitos concretados este año para el impulso a la movilidad cero emisiones fue la entrada en vigor de la ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad (ley N° 21.505). Esta norma establece dos años de exención en el permiso de circulación de vehículos eléctricos (BEV) y de híbridos con recarga exterior (PHEV), la que después irá decreciendo gradualmente hasta llegar al octavo año.

“A la hora de pensar incentivos más agresivos para la adquisición residencial de vehículos eléctricos, necesitábamos una política que se hiciera cargo de cómo incentivar que el automóvil que se está reemplazando salga de circulación y no simplemente siga contaminando, porque en ese caso no se consigue uno de los objetivos de esta política pública”, comenta el subsecretario de Energía, Julio Maturana.

La autoridad añade que “por eso, la siguiente generación de políticas públicas en materia de electromovilidad debe ser un poco más compleja. Tenemos que ser capaces de diseñar políticas públicas que no solamente se hagan cargo de la última parte, sino que también sean capaces de visibilizar sus efectos en la importación de vehículos y que faciliten toda la cadena hacia atrás para que la política pública cumpla su objetivo”.

Mesa para el avance

A comienzos de diciembre los ministerios de Transportes y Energía presentaron la Mesa para el Avance de la Electromovilidad, instancia en que participan la AgenciaSE y la industria, representada por la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (ANAC) y la Asociación Gremial de Vehículos de Chile A.G. (AVEC), además de expertos pertenecientes a la academia. Su objetivo es efectuar un análisis de las barreras regulatorias y, posteriormente, elaborar propuestas para promover el uso de la movilidad cero emisiones en el país.

Según explica el ministro Muñoz, la mesa está estructurada en torno a tres ejes de acción. Primero, sobre cómo fomentar una mayor oferta de servicios de electromovilidad y cómo generar la demanda de los consumidores por este tipo de servicios. En segundo término, se buscará poner foco en “la infraestructura que necesitamos llevar adelante para que esa electromovilidad ocurra. Aquí, hay un tema asociado a la disponibilidad de electrolineras, dónde y cuándo las necesitamos y con qué características”, detalla el secretario de Estado.

Finalmente, añade la autoridad, se trabajará en “todos los servicios habilitantes” para que la electromovilidad se implemente en el país, “por ejemplo, en cómo podemos sacarles más partido a las baterías y qué hacemos con ellas cuando las vayamos descartando”.

La mesa concluirá su trabajo en marzo de 2023, cuando, según indica el ministro de Energía, Diego Pardow, “se entregará un informe a partir del cual seremos capaces de diseñar la siguiente ola de políticas públicas para el fomento a la electromovilidad”.

Impuesto al lujo y aranceles

Desde ANAC califican como una buena noticia la entrada en vigor de la ley de Almacenamiento y Electromovilidad, debido a la exención del pago de permiso de circulación a los usuarios de vehículos eléctricos (VE). “Sin duda, es el primero de los incentivos enfocados en los usuarios y demuestra que esfuerzos de este tipo deberán repetirse para que la electromovilidad tome vuelo en nuestro país”, afirma Diego Mendoza, secretario general de la asociación gremial.

Asimismo, considera clave el apoyo del Estado para el fomento a la electromovilidad. “La experiencia ha demostrado que el impulso del Estado a la electromovilidad resulta fundamental para que se superen los primeros eslabones de crecimiento, masificación de las redes de carga, fomento a la demanda y acercamiento a los usuarios para enseñarle al público los beneficios de la electromovilidad”, añade Mendoza.

En esa línea, resalta el líder gremial, “dentro de las medidas que el Estado debiese liderar, hay una parte que corresponde asumir a los privados y otra al sector público: Todo el apartado normativo referente a vehículos electrificados o la adopción de políticas que fomenten la masificación de redes de carga e incentivos a los usuarios que adquieran vehículos de estas tecnologías (sean incentivos tributarios o de circulación para dichos vehículos) son algunos de los ejemplos que corresponden al necesario rol que debe cumplir el Estado”.

Por otro lado, estima que permitir el desarrollo de las iniciativas de particulares que busquen introducir más modelos electrificados en el país o desarrollar la necesaria infraestructura de carga, proyectos inmobiliarios con cargadores desde su origen, o la modernización de la infraestructura existente, “son esfuerzos que deberán ser escuchados por el Estado para que lleguen a buen puerto”.

Dentro de las principales medidas o acciones que debieran implementarse según ANAC, destaca la necesidad de derogar el denominado “impuesto al lujo” para vehículos electrificados que superen $40 millones de valor de tasación, “pues son tecnologías caras, pero no necesariamente lujosas”, aclara Mendoza. Asimismo, proponen eliminar los aranceles de importación para productos electrificados de orígenes que hoy quedan fuera de los TLC, como Europa, Japón o Estados Unidos.

Otra medida que la entidad impulsa es la revisión de la normativa tributaria para permitir el uso de vehículos electrificados como “vehículos de empresa”, debidamente inscritos “y que permita reducir el pago de impuestos como el IVA u otros soportados en su adquisición, ya que la electromovilidad llegará primero a través de empresas flotistas que compren BEV o PHEV para un uso intensivo, lo cual vale la pena fomentar”, añade el ejecutivo.

Revisa el artículo completo en Electricidad N° 273 (diciembre 2022).