Luego de casi nueve años de tramitación, el Congreso despachó a ley el proyecto que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Hasta ahora, la fiscalización de la velocidad en nuestro país la realiza exclusivamente Carabineros e inspectores fiscales, por lo que ahora se podrá destinar dicho capital humano a otras labores de seguridad.

Respecto a su funcionamiento, según explicó el ministerio de Transportes, el CATI operará mediante una red automatizada, debidamente señalizada en las zonas de control, la que se hará cargo de la detección, notificación y tramitación de las infracciones.

La ley faculta a la cartera de Transportes para que, a través de la red de dispositivos automatizados, pueda detectar exceso de velocidad, tránsito en área urbana con restricción por contaminación ambiental e infracción a normas de transportes terrestre, susceptibles de captación automatizada (uso de vía exclusiva).

Las zonas en las que se instalarán los dispositivos automatizados deberán estar señalizadas, entregando información clara y precisa a los conductores sobre su ubicación.

Cabe destacar que en 2019 se cursaron 184.040 infracciones de velocidad en Chile, equivalente a sólo el 3,2% del parque vehicular (5.599.733 unidades). Este resultado marginal trae consigo como resultado un bajo cumplimiento de los límites de velocidad y sensación de impunidad en los conductores, ya que las probabilidades, tanto de ser controlado como infraccionado, son bajas.

Adicionalmente, con los crecientes requerimientos de personal policial para labores de seguridad pública, el contingente policial que puede dedicarse a labores de control de tránsito es poco y, además, al tener que llevarse a cabo de manera presencial, hay un gran número de conductores que comenten infracciones que nunca son detectadas.