Mayor seguridad pública. Ese es el objetivo del llamado que se realiza al Presidente de la República a través de la resolución 230, aprobada en la Sala de la Cámara.

Particularmente, en el documento se pide la implementación de medidas en carreteras concesionadas a lo largo del país, con el objetivo de prevenir hechos delictuales relacionados con la modalidad delictiva de las encerronas.

Para lo anterior, se solicita contar con un número de teléfono único para todas las empresas concesionarias de carreteras urbanas e interurbanas, que permita a los usuarios denunciar de forma rápida y efectiva hechos delictuales al interior de las autopistas.

La resolución, promovida por las diputadas independientes Marlene Pérez y Natalia Romero (en la foto), también solicita la instalación de luminarias y de cámaras de seguridad. Así, se espera identificar de mejor manera estos hechos delictuales y a quienes participan en ellos.

Además, se pide que las empresas concesionarias entreguen todos los antecedentes audiovisuales, documentales o de cualquier otro tipo, que sirvan a la investigación, cuando así lo soliciten las víctimas, las policías o el Ministerio Público. Con ello se espera agilizar la investigación de los ilícitos.

De igual modo, se propone una mayor coordinación entre las firmas concesionarias y Carabineros de Chile. El objetivo es que la institución uniformada cuente con conexión directa a las cámaras de seguridad y así evitar retrasos en su actuar. Igualmente, se sugiere posibilitar, por medio de identificadores de patente, una mejor y más rápida actuación para la prevención de “encerronas”.

Junto con lo anterior, se hace un llamado a revisar contratos de concesión de obras públicas actualmente vigentes. De esa manera, se podrían establecer obligaciones relativas a medidas mínimas de seguridad en las carreteras. Y, también, aplicar dichos criterios a futuros contratos de concesión.