A pesar de estar prohibida por ley la importación de vehículos usados en nuestro país, el año pasado ingresaron 58.089 vehículos livianos y medianos usados, lo que refleja un crecimiento de 118% con respecto a 2001.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC A.G.) indicó que ésta es una práctica que, amparada en el abuso de ciertas exenciones otorgadas para las zonas francas, se ha realizado por años y se ha visto incrementada progresivamente en el último tiempo.

De hecho, el volumen alcanzado al cierre del ejercicio en 2021 ya es equivalente a casi dos meses de ventas de unidades nuevas en el territorio nacional, que precisamente son las que cuentan con mayores exigencias de emisiones y deben someterse a una compleja certificación de sus componentes de seguridad vehicular.

Al respecto, la gremial expresó que con esta práctica, se obstaculizan y ponen en riesgo los esfuerzos declarados por el país para combatir el cambio climático y la contaminación del aire; aumenta el riesgo de accidentes de tránsito al tratarse de vehículos que se someten a intervenciones artesanales, como el cambio de volante desde el lado derecho al lado izquierdo, y, en definitiva, se pone en peligro la vida de las personas entre otras externalidades negativas derivadas de la importación de vehículos usados, según concluye el Informe de Vehículos Usados y Medioambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En Chile, las regiones del extremo norte y sur del país que cuentan con Zona Franca son la principal puerta de entrada de estos vehículos, ya que permiten la importación de unidades usadas para su circulación en las delimitadas zonas de extensión. No debiesen ser unidades que luego pasen a formar parte del parque vehicular nacional en su “régimen general”. No obstante, muchas de éstas unidades terminan ingresando de forma irregular a otras localidades y así se ha detectado al dispararse el número de primeras inscripciones de vehículos usados en el régimen general.

De estas unidades detectadas, 22.181 corresponden a modelos antiguos fabricados entre los años 2012 y 2010, vale decir, con tecnologías que hoy se encuentran obsoletas y que no se condicen con los actuales estándares de emisiones, de integridad vehicular y seguridad de sus componentes que hoy exige el Ministerio de Transportes. La escasa fiscalización también ha permitido que vehículos de éstas características circulen libremente a lo largo del territorio nacional, incluso en zonas de restricción vehicular (como ocurre en la capital) pues su numeración alfanumérica en la placa patente es idéntica a la de un modelo cero kilómetro vendido este año, que sí cumple con todos los referidos altos estándares.

Si analizamos la comercialización por país de origen, el 60% de los vehículos usados que son importados a nuestro país proviene de Japón. Ya en 2018 Chile se había transformado en el tercer comprador de autos usados nipones a nivel mundial, según se desprende del informe de PNUMA.

¿Por qué es desaconsejable permitir la importación de vehículos usados?

Desde la gremial indicaron que numerosos han sido los riesgos para el parque vehicular asociados en la permisividad de importación para este tipo de vehículos usados. Siguiendo con el ejemplo de las unidades japonesas, al tener éstas el volante a la derecha, deben ser modificadas a través de prácticas artesanales para cambiar su configuración a la izquierda, y así poder conducir en los caminos públicos de Chile. Con ello, el vehículo sufre transformaciones sustanciales en sistemas tan sensibles, como la columna de dirección, caja de fusibles, sistema de pedales para el freno, acelerador y embrague, ubicación de las plumillas para el parabrisas, mandos para manejar los alzavidrios, entre otras características electrónicas y de seguridad que son desaconsejables de alterar en cualquier vehículo.

En el caso crítico de la columna de dirección, cabe recordar que éstas son colapsables para soportar las fuerzas en caso de accidente, pero al sufrir la alteración descrita, se puede debilitar el anclaje, anulando así su mecanismo lo que podría generar graves fallos en el sistema de seguridad pasiva del vehículo.

Otro peligro asociado es el cambio que sufre el panel y tablero de instrumentos, que puede terminar modificando la visión del conductor en relación al ángulo de observación.

Además, otras piezas y partes clave de los vehículos deben ser modificadas, como tuberías hidráulicas, sistemas de alineación de luces, y la ubicación de botones de emergencia en el vehículo, volviéndolos vulnerables, incluso ante accidentes menores.

Por otra parte, en materia de emisiones también se producen efectos negativos. Los datos registrados por el RVM – Registro Civil demuestran que la antigüedad promedio de los vehículos usados inscritos con este mecanismo durante 2021 fue de 11 años, en circunstancias que los automóviles de más de 10 años emiten un 85 % más de NOx y un 99% más de material particulado que los automóviles de última generación, según un estudio de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Y tal como se ha indicado, estos son los que hoy representan el mayor porcentaje de vehículos usados importados en nuestro país. La diferencia en la brecha de normas anticontaminación será más grande a contar de la implementación de la norma EURO 6 para vehículos livianos y medianos en Chile, que ha sido publicada durante el año 2020 pero sólo rige para vehículos motorizados nuevos. Los automóviles usados importados a nuestro país podrían vulnerar este avance necesario en normas anticontaminación.

Por todas estas razones, esta práctica nos aleja de los criterios definidos por la OCDE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indicó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC A.G.)

“Una flota mundial de vehículos más limpia es una prioridad para lograr los objetivos climáticos y de calidad del aire a nivel mundial y local. Durante años, los países desarrollados han exportado cada vez más sus vehículos usados a países en desarrollo y esto se ha traducido en el envío de automóviles contaminantes, debido a la falta de normas y regulaciones efectivas”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, al comentar la publicación del informe.

Agregó que los países desarrollados deben dejar de exportar vehículos usados que no pasan las inspecciones ambientales y de seguridad, y que ya no se consideran aptos para circular en sus propias calles, mientras que los países importadores deben introducir estándares de calidad más estrictos.

Llamado al Gobierno

Por lo expuesto anteriormente, ANAC A.G. hace un llamado al Ministerio de Transportes como garante en el cumplimiento de las leyes sobre internación de vehículos motorizados a nuestro país, a CONASET en su rol de Comisión enfocada en la implementación de un Sistema Seguro, al igual que países líderes en seguridad de tránsito y las demás autoridades del sector a trabajar en conjunto para seguir estas recomendaciones de la ONU e instaurar medidas que, según la vasta experiencia internacional, sí son efectivas en materia de seguridad vial, reducción de muertes y lesiones graves de tránsito y reducción de emisiones.

“Como país debemos poner el foco en la necesaria renovación del parque automotor con modelos que sean cada vez menos contaminantes, más responsables con el medioambiente y fomentar la salida de circulación de los vehículos más antiguos, inseguros y con mayores índices de polución”, complementó Diego Mendoza, secretario general de ANAC A.G.

En este contexto, entre otras medidas, la Asociación ha propuesto adecuar las normas de seguridad de vehículos medianos a la norma existente para el segmento de vehículos livianos, implementar una licencia de conducir electrónica con seguridad biométrica; aplicar un piloto de límite de arranque de camiones según las horas de manejo registradas para cada conductor; aumentar la exigencia en los protocolos de evaluación en Plantas de Revisión Técnica incluyendo el chequeo y existencia de las bolsas de aire dobles (airbags) que ya son obligatorias en nuestro país; evaluar la implementación de dispositivos de llamada de emergencia a un número único de teléfono y promover la incorporación progresiva de los ADAS (asistencias a la conducción) y del recordatorio de uso de cinturón.

A ello se suma la revisión de las experiencias internacionales en las modificaciones a vehículos usados ingresados al país, haciendo cumplir el Estatuto Automotor (Ley N° 18.483) que prohíbe por regla general, desde hace más de tres décadas, el ingreso de modelos usados; así como retomar el trabajo conjunto entre CONASET, ANAC y Aduanas para frenar la inscripción de los llamados “camiones hechizos” y otros vehículos adulterados. Además, el gremio estima necesario crear una plataforma o sistema de información al consumidor que sí sea universal, que elimine las asimetrías de información detectadas entre quien compra y quien vende un vehículo, y que tenga características de accesibilidad para todos, explicando en un lenguaje imparcial, claro y sencillo a los usuarios y consumidores el desempeño y utilidad de todos los componentes de seguridad disponibles en los vehículos nuevos que piensan adquirir.

Paralelamente, ANAC sugiere revisar y actualizar los procedimientos de revisiones técnicas para las nuevas tecnologías que se han incorporado en nuestro país (entre ellos, los modelos híbridos, híbridos con recarga exterior, vehículos eléctricos y microhíbridos) y avanzar en la continua mejora en mecanismos de contactabilidad a clientes afectados por Campañas de Seguridad de Productos (o advertencias de recall de seguridad de vehículos) las que podrían entregarse al momento de hacer la Revisión Técnica, entre otras propuestas que ya fueron entregadas por nuestra Asociación al Ministerio de Transportes.