(El Mercurio) El rechazo a la central térmica Punta Alcalde, de Endesa, a inicios de la semana tensionó aún más al sector eléctrico. Prácticamente no hay grandes proyectos de generación que estén libres de problemas. ¿Cómo operan día a día Gobierno, empresas y clientes cuando el cerco se estrecha?
Los centros de despacho eléctrico, donde se define qué planta entra o sale, operan con un estrés mayor. Los gremios dicen que hablan lo mismo con el Gobierno, pero ha aumentado la conflictividad entre privados. Y el rechazo a Punta Alcalde mostró otra cosa: cambió el mapa del poder. «Hoy la empresa que más influye es AES Gener», dicen en el mercado.
A la eléctrica de los Matte, Colbún, tampoco le va mejor. La recomendación pública que hizo esta empresa de suspender HidroAysén lo mostró, dicen varios ejecutivos de la industria. «El reclamo público de Colbún se explica porque los teléfonos ya no funcionan», resume un directivo.
Ministro sin salir
El ministro de Energía, Jorge Bunster, evita hacer apariciones públicas y se concentra en avanzar en sus proyectos clave. Tiene un año y medio para sacar media docena de normativas que debían estar «para ayer», en una cartera exigida por los constantes cambios de mano: cinco ministros en poco más de dos años.
El Gobierno está preocupado de la carretera eléctrica, de la ley que facilita las concesiones, la nueva normativa de geotermia, la reforma a los Centros de Despacho Eléctrico y dejar a la petrolera Enap con números azules.
Pero nadie en el Gobierno hace el trabajo político. El ex ministro de Energía Alejandro Jadresic dijo semanas atrás que faltaba que la autoridad dijera qué proyectos son buenos para el país y los privados -generadoras, distribuidoras, clientes libres, consultoras- coinciden en que un Estado tan aséptico ha sido nefasto porque muchos funcionarios optan por no aprobar un proyecto para ahorrarse problemas.
¿Era igual en la era concertacionista? Más o menos. No todos llamaban a los seremi para explicar la virtud de tal o cual proyecto, pero muchos sí lo hacían y eso servía para contrarrestar la oposición a ciertas iniciativas, dicen ejecutivos del sector.
Abogados por mil
Hoy clientes y generadoras viven «agarrados del moño». «Por esta oficina ha pasado el 95% de los grandes clientes (empresas) del país», dice Francisco Aguirre Leo, socio de Electroconsultores. Según este consultor casi todos están revisando los contratos, en arbitraje o con abogados.
«A mediados de la década pasada le crecieron los dientes a los abogados porque apareció un negocio que antes no existía, el de judicializar los contratos y, luego surgió otro negocio para ellos, el de apoyar a las comunidades en los temas medioambientales».
Según distribuidores eléctricos, esta situación afecta más a los clientes libres y menos a las distribuidoras, cuyos contratos están más protegidos. Pero en todas las fases del negocio proliferan abogados.
René Muga, gerente general de la Asociación de Generadores, señala que la entidad se formó precisamente para tener una única voz ante problemas como ése y aportar a la discusión pública de los temas eléctricos. «No es una tarea fácil», comenta.
El estrés del sistema
Donde está la «alta tensión» del sector es en los Centros de Despacho Económico de Carga (Cdec), tanto en el Norte Grande (SING) como en la zona centro-sur (SIC).
En el Norte Grande, el gran problema está en cómo llevar la electricidad desde el centro del sistema (subestación Crucero, al interior de Tocopilla) hacia el norte (en la subestación Lagunas, a la altura de Patache). El problema se agudiza cuando, en los días de mayor temperatura, el calor hace «guatear» las líneas, disminuyendo la capacidad de transporte de la red. Por eso han puesto estaciones de monitoreo de las temperaturas.
El otro problema está al interior de Iquique. Para ello, y desde el año pasado, la minera Collahuasi está reforzando estas redes. Con todo ello, explica el director del Cdec-SING, Daniel Salazar, la emergencia está controlada.
En el sistema que va desde Taltal a Chiloé y que abastece al 93% de la población del país la situación es más compleja debido a problemas de transmisión y hasta mayo, a la falta de lluvias en gran parte del país.
Según el Cdec-SIC, cuyo director ejecutivo es Eduardo Ricke, como hay un decreto de racionamiento vigente que busca mantener reservas hídricas en los embalses, hay tramos del sistema de transmisión que se congestionan y no es posible pasar más energía. Así, hay que despachar centrales más caras -a carbón o diésel, por ejemplo- y por ello suben los costos marginales. La entidad señala que sólo se solucionará esto cuando se hagan las obras de transmisión, que, para variar, están atrasadas.
Se agudiza la disputa por la responsabilidad
Luis Ávila está desde hace más de un año a cargo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) y su gestión se ha enfocado, según sus palabras, «en fiscalizar que las empresas cumplan los estándares definidos y para ello hemos maximizado los esfuerzos y, con matrices de riesgo, hemos identificados sectores donde podemos introducir un mayor aporte».
«El Peribonio eléctrico» ha elevado las sanciones multas y sanciones a las distribuidoras por apagones e instruido compensaciones, que generalmente gana en la Corte. La SEC ahora ha acortado los plazos para investigar y cursar multas. Los funcionarios van a las zonas de los apagones, a los Cdec, a las empresas, dice el titular de la SEC.
Esto no ha caído en gracia a las empresas. «Los problemas que perciben las personas en sus casas, los altos costos y la relativa inseguridad que generan eventos como los apagones tienen que ver con problemas estructurales del sector… las sanciones y multas no reflejan la responsabilidad que les cabe a las empresas distribuidoras en ello», señala el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo.
Fuente / El Mercurio