(Pulso) Judicialización, retraso de la tramitación ambiental, demora en la obtención de contratos y cambios de las decisiones de inversión.
Cualquiera de estos factores, combinados o por sí solos -dependiendo del caso- sirven para explicar el panorama que cruza a los mayores proyectos de generación eléctrica en los últimos años: la demora en su puesta en marcha.
Remontándose al plan de obras recomendadas de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en 2005, el año 2009 debería haber entrado la primera central a gas natural del terminal GNL Quintero, en 2010 la central a carbón Santa María, de Colbún y en octubre de este año, Neltume. En relación con la primera, ese año ni siquiera estaba listo el terminal de regasificación. Santa María parte recién este año. Y en relación con Neltume, su estudio de impacto ambiental está suspendido y Endesa no tiene certeza sobre cuándo partiría su construcción.
¿GNL CONCEPCIÓN? Aquel plan incluso consideraba la construcción de ciclos combinados para GNL en Concepción, una geotérmica en la zona de Chillán y una segunda unidad de la misma, que sumaría 200 MW de energía geotérmica en 2010. Sin embargo, el primer proyecto funcionando con esta tecnología se espera recién para 2013.
En el caso de Hidroaysén, cuando se informó la conformación de la sociedad entre Endesa y Colbún se planteó el ingreso de los estudios respectivos para tramitación ambiental en 2007, iniciando obras en 2010 y comenzando la operación de Baker I, la primera unidad, este año. Sin embargo, ni siquiera entra a tramitación la línea de transmisión, y la compañía ya ha señalado que no iniciará obras hasta que esta mega obra cuente con todos los permisos ambientales, situación que retrasará su puesta en marcha, en el mejor de los casos, a 2017. Es decir, cinco años.
En la industria plantean que el principal escollo que se ha presentado es la extensa tramitación de los estudios ambientales, que en algunos casos supera los dos a tres años.
Si bien existen plazos determinados para la conclusión de las iniciativas, en la mayoría de los casos se hace necesario pedir aplazamientos para contestar cada informe consolidado de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones (Icsara), en el contexto de la participación ciudadana, que ha sido utilizada por grupos de presión para demorar su aprobación.
Una segunda arista, cuya irrupción se ha visto con fuerza en los casos de Hidroaysén y recientemente, con Castilla, es la judicialización de los proyectos. Esto implica que, pese a contar con una RCA, los grupos de presión recurren a tribunales con el objetivo de revertir la aprobación, situación que, dada la lentitud con que opera el sistema judicial, aletarga aún más los procesos.
En el sector creen que la reforma eléctrica propuesta por el gobierno resolverá estos temas.
Fuente / Pulso