(Diario Financiero).- La fusión de Edelnor y Electroandina, las generadoras eléctricas que la francesa GDF SUEZ y la estatal Codelco poseen en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), dará pie -a principios de febrero cuando concluya este proceso- a una empresa que, con una capacidad instalada total de 1.700 MW, se convertirá en el cuarto actor de este segmento, detrás de Endesa, Gener y Colbún.
El director ejecutivo y futuro gerente general de la nueva Edelnor, Lodewijk Verdeyen, adelantó los desafíos de esta nueva condición, que encuentra a la eléctrica en un escenario que el ejecutivo califica como positivo: con casi el 100% de su capacidad contratada, con disponibilidad de gas natural proveniente del complejo GNL de Mejillones -que permitirá recuperar niveles normales de operación-, y con un nuevo tipo de cliente: los residenciales, a los que comenzarán a abastecer en 2010.
A ello se suma la entrada en operación, durante el cuatro trimestre de este año, de dos nuevas unidades en base a carbón (Andina y Hornitos), que sumarán 330 MW adicionales.
“La fusión de todos estos negocios generará una entidad con un potencial financiero mayor, que dejará a Edelnor con capacidad para hacer nuevas inversiones en el futuro, independiente de sus accionistas y, naturalmente, en bolsa será una acción más importante, líquida y atractiva de lo que era, porque esta empresa entró en el grupo de los grandes”, señaló.
Norma de emisiones
Sin embargo, un punto que amenaza con empañar el favorable escenario de la empresa, que fusionada tiene más del 47% de la capacidad del SING, es la norma de emisión para centrales termoeléctricas, cuyo anteproyecto elaborado por la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama) está en etapa de discusión pública, pues más allá de considerarla más restrictiva que aquellas vigentes en países desarrollados, ve en ella varios factores que la hacen inaplicable.
“La intención de tener aire limpio es un bien que apoyamos totalmente, pero hay que hacer una norma que sea realmente posible de aplicar y realista”, aseguró.
En primer término, el ejecutivo se refirió a que si bien en el papel se plantean límites distintos para unidades existentes y nuevas, en la práctica los límites serán parejos y si se consideran las condiciones en que hoy está planteado el anteproyecto, dijo, adecuarse a ellas demandaría altas inversiones, que Verdeyen calculó en hasta 50% del costo de construcción de una nueva planta.
“Una planta que ya tiene 20 años y le quedan sólo otros 15 de vida útil, no hace sentido destinar ahí el 50% del costo de una planta nueva, sino que habría que plantearse la opción de construir una planta nueva y en algunos casos será así”, indicó.
En este sentido, ejemplificó con el caso de un par de unidades del complejo Tocopilla (991 MW), actualmente en manos de Electroandina, de la que Verdeyen hoy es su gerente general, estarían en una situación en que ya sea por costo o por restricciones físicas, sería más conveniente cerrar.
“No es que toda la planta sea afectada de la misma forma, pero será una decisión económica de inversión, donde tendremos que ver el retorno de hacer la adopción de una planta o hacer algo nuevo”, dijo.
Otro factor que mantiene en alerta a la compañía, que presentó sus observaciones a la Comisión Nacional de Energía y hará lo propio ante la Conama, son los tres años que las empresas tendrán para adecuarse a la norma.
“El gobierno tiene que notar que será imposible hacer las adecuaciones en tres años, porque al sumar las intervenciones que en conjunto deben hacer todos los generadores no habrá capacidad, ya sea por el mercado, como por el tiempo y también por el abastecimiento eléctrico”, apuntó.
Respecto de este último punto, Verdeyen señaló que adaptarse a las exigencias de la Conama tomaría entre tres y seis meses, período en que las unidades deben parar, “lo que hará imposible evitar poner al sistema en un caos”, señaló.
Fuente / Diario Financiero