Hasta que inició su carrera legislativa. Tras justo un año desde que se cumpliera el plazo original para enviarlo al Congreso, el jueves 17 de abril el Gobierno ingresó a trámite el proyecto de ley sobre gobiernos corporativos de empresas públicas, cuya redacción terminó con importantes cambios respecto de los anuncios que recién en marzo La Moneda había prometido.
La primera sorpresa al revisar el documento es que excluye completamente de esta reforma de modernización de las firmas fiscales a tres de las compañías más relevantes para el Estado: la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), el BancoEstado y la Empresa Nacional de Minería (Enami). Aparte de un artículo de carácter general que tanto éstas como todas las empresas deben cumplir, que establece que los directores y máximos ejecutivos deben presentar una declaración de intereses dentro del mes en que asumen el cargo, nada más las afecta. Nada.
Este proyecto entró a la Cámara de Diputados y debe ser debatido por la Comisión de Hacienda, la cual ya tramita el proyecto que reforma los gobiernos corporativos de las empresas privadas.
El largo camino
El primer compromiso oficial sobre este proyecto se incluyó en el Plan Chile Invierte (marzo de 2007), dirigido por el Ministerio de Hacienda. Allí se decía que durante abril se ingresaría al Congreso la iniciativa. Se retrasó.
Cuando se acercaba el fin de año, el ministro de la cartera, Andrés Velasco, afirmó que se enviaría al Parlamento en diciembre. Diversas dificultades legislativas impidieron cumplir ese plazo. Recién en marzo de este año el asunto se anunció con fanfarria en La Moneda, con la Presidenta Michelle Bachelet destacando que este prospecto modernizaría y profesionalizaría las firmas estatales, poniéndolas al nivel de los países desarrollados. Entre los elementos que se contaban estaba que Enap, BancoEstado y Enami serían supervigilados íntegramente por un nuevo Sistema de Empresas Públicas (SEP), y que los directorios de todas las compañías tendrían integrantes independientes.
Contra el deseo de Hacienda, y por presiones sindicales y políticas, esas tres empresas quedaron fuera del radar del SEP mientras el proyecto sufría cambios en su redacción.
Qué dice la propuesta
La iniciativa presentada por Hacienda, y firmada por los ministerios de Minería, Economía, Transportes y Defensa (este último porque incluye en algunas disposiciones a las empresas castrenses Famae, Asmar y Enaer), establece que las compañías públicas -con la excepción de Enap, Enami y BancoEstado- estarán regidas por las mismas obligaciones financieras, contables y de responsabilidades que las sociedades anónimas abiertas. Ejemplos: balances con auditorías externas, restricciones a las operaciones con partes relacionadas, y necesidades de reserva de información.
Quedan bajo fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entidad cuyo presupuesto aumentará debido a sus nuevas funciones.
Sus directorios deberán tener al menos dos miembros «independientes», nombrados por el comité independiente del futuro Consejo Superior del SEP.
En cuanto a las tres empresas «especiales», son intocables: no se les obliga a incorporar directores independientes; tampoco a ser sometidas a auditorías externas ni a seguir políticas de transparencias como al resto.
Las tres quedarán en una categoría preferencial de la que ni siquiera gozará Codelco -la más grande del país-, pues a la cuprera se le diseñó una reforma que apunta también a su modernización. El otro caso excepcional es TVN, cuyo directorio está regido por el cuoteo político.
¿Por qué quedan fuera?
Las excusas del proyecto:
Enap: «En atención a su carácter estratégico y su rol en la fijación de precios de los combustibles del país».
Enami: «(Por) su rol de fomento de la pequeña y mediana minería».
BancoEstado: «(Por su) función de fomento para la pequeña y mediana empresa, sin perjuicio del insustituible rol que juega en el acceso al crédito para los pequeños ahorrantes».
Cómo será el nuevo SEP
Esta entidad, que hoy trabaja al alero de Corfo y pertenece al Ministerio de Economía, será creada por ley como un órgano colegiado, descentralizado, que se relacione con el Gobierno a través de Hacienda.
Tendrá nueve directores -todos con estudios universitarios en áreas de las finanzas y administración-, siete de los cuales son designados por el Presidente de la República y otros dos independientes, entendiéndose por tales a quienes son nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado. Los primeros siete pueden ser funcionarios públicos, no así los «independientes».
El Consejo SEP funcionará a guisa de junta de accionistas de las empresas con participación estatal.
Fuente: El Mercurio.