Aliados de peso podrían sumar esta tarde las diversas agrupaciones sociales impulsoras de la denominada Ley Corta III, que modifica la regulación en el área de distribución eléctrica. Las organizaciones de consumidores sostendrán una reunión ampliada con los principales gremios agrícolas del país.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Asociación de Exportadores (Asoex) y la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), entre otros organismos, han sido convocadas para conocer los alcances del proyecto que busca, entre otras cosas, modificar la actual rentabilidad del sector y para escuchar la propuesta de las organizaciones sociales.
El ofrecimiento que les harían los impulsores consistiría en encontrar una fórmula que permita modificar la definición de «horas punta» que a contar de este año irán desde abril a septiembre.
Las «horas punta» -donde se produce la mayor demanda eléctrica- sirven para definir el costo de la potencia que pagan las empresas. En 2006, el gobierno decidió sumar marzo y abril a este periodo, aunque en 2007 se optó sólo por incluir el cuarto mes del año a contar de esta temporada, para evitar impactos mayores en sectores productivos.
La Asociación de Exportadores ya comprometió su asistencia al encuentro y calificó la reunión como una oportunidad para que el sector pueda corregir una medida que, en otras ocasiones, ya han afirmado impactará la competitividad del agro.
Cifras manejadas por los gremios han estimado en cerca de US$ 15 millones los mayores costos que deberá enfrentar el sector agrícola por la inclusión del mes de abril.
Inusual encuentro
El viernes pasado, las agrupaciones sociales se reunieron con el ministro de Energía, Marcelo Tokman, para discutir las diferencias en torno a la Ley Corta III. El gobierno anunció que introducirá modificaciones al texto, debido a que no hay coincidencia en todos los puntos planteados por las organizaciones.
Tras la reunión, a las afueras de la oficina de la Comisión Nacional de Energía, los impulsores del proyecto se toparon frente a frente con los representantes de los principales «damnificados» por la iniciativa: el presidente de Empresas Eléctricas AG, Rodrigo Castillo, y los gerentes de Chilectra y Chilquinta, Rafael López Rueda y Cristián Arnolds, respectivamente. Inusual encuentro que sólo tuvo un tibio saludo como protagonista.
Fuente: El Mercurio.