En caso de aprobarse en el referéndum el proyecto de la Constitución Política del Estado (CPE), todos los departamentos del país y el Tesoro General de la Nación (TGN) tendrán regalías por la explotación de los recursos hidrocarburíferos.
De acuerdo con la normativa actual, sólo los departamentos productores (Santa Cruz, Tarija y Cochabamba), además de los no productores Beni y Pando, reciben regalías. En cambio con el proyecto de la nueva CPE, son tomados en cuenta todos los departamentos del país, aunque aún no se fija el porcentaje para las regiones no productoras.
El artículo 368 del proyecto señala: “Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos, y el TGN, obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial”.
El proyecto de la Carta Magna establece que los hidrocarburos, en cualquier estado que se presenten, son propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado detenta la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y el único facultado para su comercialización y la totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización será de propiedad del Estado.
El documento del oficialismo le da a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la facultad de control y dirección de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización.
Además, establece que esta empresa no podrá transferir sus derechos y obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa directa o indirectamente. También determina la creación de una Asamblea Legislativa Plurinacional, para que apruebe y autorice los contratos de exploración y explotación. “Sin su autorización, éstos serán nulos de pleno derecho”.
El proyecto también hace referencia a la creación de una nueva empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, responsable de ejecutar en representación del Estado la industrialización de los hidrocarburos, dentro del territorio nacional. Se trata de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).
Y el trabajo de regulación que realiza la Superintendencia de Hidrocarburos actualmente, pasa a otra institución autárquica responsable de regular, supervisar y fiscalizar las actividades —esta vez— de toda la cadena productiva, hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme a ley.
Recurso natural
Deber: Será deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.
Prohibición: Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y de desechos tóxicos.
Identificados: Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad y el espectro electromagnético, entre otros.
Propiedad: Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.
Control: El Estado, a través de entidades públicas, sociales o comunitarias, asumirá el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización y comercialización de los recursos naturales.
Consulta: La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada.
Equitativo: El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria donde se encuentre recursos.
Industria: Los procesos de industrialización se realizarán con preferencia en el lugar de origen de producción, y crearán condiciones que favorezcan la competitividad en el mercado interno e internacional.
Exclusivo: Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni boliviana podrán escribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrán utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. Esto es exclusivo del Estado.
El dinero del gas: Una ley redujo el tributo IDH a las prefecturas y que desató conflicto entre Gobierno y prefectos.
Fuente: La Razón, Bolivia.