Un decreto firmado por el Presidente de Ecuador -Rafael Correa- que incrementa la participación del Estado en las ganancias extraordinarias del petróleo de un 50% a 99% no significa una nacionalización, señaló el ministro de Minas y Petróleo -Galo Chiriboga- en una conferencia de prensa.
El decreto modifica la Ley 42 que dictó el gobierno anterior que fijaba una participación mínima de 50% para el Estado en las utilidades extraordinarias generadas por los altos precios internacionales del petróleo. Antes del decreto de Correa, el gobierno se quedaba con el 50% mínimo.
«[El decreto] constituye una verdadera revolución. Estamos retomando el control soberano de nuestro petróleo y haciendo más justa la relación con las empresas», dijo en la conferencia el subsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
En concreto, el gobierno tomará un 99% por sobre el precio referencial de US7/b establecido hace una década, expresó el ministro. Como resultado, el Estado podría experimentar un incremento es sus ganancias de más de US00 millones al año, según el ministerio.
El decreto no modifica los contratos actuales y solo apunta a utilidades inesperadas, puntualizó Chiriboga.
Contratos de provisión de servicios
El gobierno tiene como objetivo convertir los contratos existentes de participación en contratos de provisión de servicios, donde se pagaría a las compañías una tarifa de producción y se les reembolsarían los costos de inversión, informó el ministro.
Chiriboga indicó que el lunes (8 de oct.) el gobierno se reunirá con cinco compañías que han expresado su interés en negociar sobre este posible cambio de contrato. Si las compañías escogen no migrar a estos nuevos contratos, continuarían operando en el marco de los contratos actuales hasta que estos expiren, señaló.
Actualmente existen 19 contratos de petróleo que vencen entre el 2010 y el 2024, según un comunicado en el sitio web presidencial. En total, las reservas restantes de los contratos llegan a 688 millones de barriles (Mb).
De los 19 contratos, solo la firma Agip Oil»s tiene un contrato de provisión de servicios, puntualizó el ministro.
Los otros 18 contratos están en manos de las firmas Canada Grande, City Oriente, CNPC Amazon, Perenco Coca, Perezco, Petrobell, Petrobras (NYSE: PBR), Petrooriental, Repsol YPF (NYSE: REP), Sudamericanos y Tarapoa, se lee.
Ejecutivos de las compañías se reunirían el viernes por la tarde para evaluar el impacto de la decisión de Correa.
Reacción
Un analista de la industria dijo a BNamericas que el decreto «obviamente va a dificultar el ingreso de nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos».
El decreto daña el clima de inversión en Ecuador y es probable que muchas compañías que están en el país reevalúen su posición, de acuerdo con el analista.
Por su parte, Patricio Baus, director senior de BankWatchRatings -con sede en Ecuador, destacó las implicaciones legales de la medida del gobierno.
Si el gobierno firmó contratos con compañías y les pone término unilateralmente, los resultados podrían tener un impacto «nefasto», ya que se demuestra que existe una inseguridad legal en el país, señaló Baus a BNamericas.
«El país se verá abocado a que muchas empresas no quieran invertir aquí en Ecuador», expresó.
«En general, ciertamente los impuestos adicionales desmotivarán la inversión privada en la explotación de hidrocarburos», indicó a BNamericas un analista de S&P, y agregó: «Las compañías que cubro en EEUU tienen poco capital presupuestado para Ecuador antes del decreto y no imagino que aumenten sus inversiones después de esto».
Esta situación podría tener un impacto significativo en las licitaciones de hidrocarburos planificadas por el gobierno. En el gobierno apuntan a llevar a cabo licitaciones por exploración y producción de gas natural en el golfo de Guayaquil y ya han debatido un modelo de concesión para el campo ITT.
Fuente: BNamericas.