La intensificación del control policial y militar, aplicado hace poco para evitar el tráfico ilegal de gas en Imbabura y Carchi, enfrenta un grave inconveniente: los contrabandistas organizados.
Estas agrupaciones cuentan con una infraestructura aparentemente infranqueable y emplean la violencia como recurso para ‘convencer’ a las autoridades de que los dejen en paz.
Además, se apoyan en una red bien pagada de distribuidores al menudeo y la rentabilidad del negocio tienta también a los transportistas de camiones.
El mes pasado, los tulcaneños se sorprendieron con una noticia: en el barrio El Bosque las autoridades trataron de confirmar la existencia de una bodega ilegal de gas, pero no pudieron hacerlo, una turba de unas 60 personas les cayó encima y les agredió.
Ese incidente dejó claro que el contrabando estaba dirigido y sus miembros estaban dispuestos a todo para continuar con las riendas del ‘negocio’. Las autoridades se negaron a identificar a los cabecillas, pero dijeron tenerlos plenamente identificados.
“Son grupos familiares que se dedican a la venta ilegal del GLP (gas licuado de petróleo)”, manifestó sin mayores detalles el gobernador Efrén Benavides. Y remachó una promesa: “Los cabecillas caerán muy pronto”.
Entre tanto, la reventa y el transporte de gas hacia Colombia no para. El movimiento ocurre durante las noches y madrugadas.
En Carchi e Imbabura el sistema operativo funciona de igual forma: los grandes contrabandistas tienen sus aliados (familias enteras) que todos los días les proveen de tres y cinco cilindros.
Así lo reconoce, sin tapujos, Liliana Herrera, un eslabón en la cadena de contrabando masivo. “Las amas de casa y los propios distribuidores nos venden el producto. Pagamos hasta cuatro dólares por cada cilindro de 15 kilos”.
La ganancia que obtienen los proveedores familiares o minoristas varía entre US y US,4 por bombona. Si se considera que el precio oficial es de US,60, el contrabandista mayor se embolsa entre US y US.
Según Herrera, incluso, algunos transportistas pesados se involucran en este proceso. “Ellos traen los cilindros desde Ambato, Quito, Santo Domingo, Riobamba y otras ciudades del país”.
Ella asegura que cobran por carga “alrededor de US0 y si son descubiertos le echan toda la culpa al destinatario”.
Pero, ¿cómo pasan los controles policiales y de la Aduana? La respuesta queda flotando en el aire. Lo cierto es que los contrabandistas utilizan todos los mecanismos a su alcance para mantener a flote el negocio. Se sabe de coimas, amenazas, golpizas…
El año pasado, el intendente del Carchi, Danny Imbacuán, capturó un camión que llevaba tanques camuflados en sacos de morochillo. Este funcionario sabe que se las “juega”, pues ya ha recibido amenazas de muerte. Incluso en una ocasión trataron de agredirlo a pocas cuadras de su casa.
“En mi gestión hemos incautado unos 1.600 cilindros, cuyo destino era Colombia. 10 negociantes fueron denunciados oficialmente”, dijo Imbacuán.
En Ibarra existe el desvío interno
Marcos Martínez, intendente de Policía de la provincia de Imbabura, lleva tres meses dedicado al control de la venta y distribución del gas de 15 kilos. 23 distribuidores fueron sancionados con multa y prisión por obstruir la vía pública y por monopolio.
Según Martínez, la escasez en Imbabura es ocasionada por el contrabando hacia Colombia, el uso ilegal en negocios particulares y la caótica distribución.
“He recibido amenazas de demandas penales, pero estamos conscientes que nos enfrentamos, por lo menos en Imbabura, a organizaciones para delinquir que todavía no están bien organizadas.
Sin embargo, la escasez local es causada especialmente por el desvío interno hacia negocios particulares”, dijo el Intendente.
Martínez trata de recuperar 60.000 tanques que, según la Dirección de Hidrocarburos, hay en exceso. “Por esa razón, desde esta semana solicitaremos que las distribuidoras mantengan en sus depósitos solo el 30% de su cupo y el resto lo vendan en las calles”, dijo Martínez.
Este año, según el Intendente, se implantarán los depósitos comunitarios de gas, para las parroquias rurales del cantón Ibarra; con el fin de asegurar la venta permanente en esas zonas, los camiones dejaron de llegar a esos sitios desde finales del año pasado.
Fuente: El Comercio, Ecuador.