La venta a un socio estratégico va a ser la última alternativa. El gobierno planea salir de su participación de las generadoras de Cundinamarca, Boyacá, de Norte de Santander, Santander y Meta, que atienden a 1,9 millones de personas.
Por estas empresas hay un anunciado interés en el sector privado. Codensa por ejemplo, ha expresado que le atrae la de Cundinamarca por la cercanía de los mercados del departamento y los de Bogotá.
La promesa del Ejecutivo es que los recursos que se obtengan con la venta de las cinco empresas generadoras de energía se utilizarán en obras de desarrollo regional.
Pero todo apunta a que no será una tarea fácil, pues si bien el programa de enajenación fue aprobado en la noche del lunes por el Consejo de Ministros, el proceso se perfila largo y dispendioso.
En algunas de ellas, como en el caso de Boyacá, el departamento ya anunció que contrató una banca de inversión para estudiar la viabilidad financiera de meterse en esa negociación.
El senador Plinio Olano Becerra fue uno de los que pidió una fórmula para que fueran los empresarios y sectores sociales de la región quienes se unieran para quedarse con la empresa de Energía de Boyacá, Ebsa, que de Boyacá solo tiene el nombre pues el 99,6% es de los ministerios de Hacienda y Minas.
El Ministro de Minas, Hernán Martínez, confirmó que en los procesos se va a dar la posibilidad de que los entes territoriales participen en las compras de las empresas.
Sin embargo eso ya encendió señales de alerta entre algunos analistas, pues consideran que precisamente, si no hay mecanismos claros de buen gobierno, se volvería a la situación del pasado cuando las electrificadoras se convirtieron en bastiones del clientelismo de la política local y nacional lo que al final derivó en que el Gobierno se lanzara al rescate de ellas inviritiendo cuantiosos recursos.
Otros interesados son los mismos trabajadores. El Sindicato del Sector Eléctrico ya contrató a la firma Solfin (banca de inversión) para hacer el análisis financiero de una posible negociación.
Pilar Velasco, presidenta del Sindicato de Trabajadores del sector eléctrico en Boyacá, dice que un sencillo análisis de los resultados financieros de Ebsa permite determinar que se trata de un negocio muy rentable, con magníficas posibilidades para el futuro.
De acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Ministros, los departamentos contarán con 20 días después de publicados los precios de venta para decidir si van o no en el negocio.
La segunda opción la tendrá el sector solidario y la tercera, un socio estratégico que -incluso- podría comprarlas todas.
La inquietud que queda es de tipo legal, pues según la Ley 226 de 1995 sobre enajenación de activos, la primera opción la tiene el sector solidario.
Si alguno de los departamentos entra a comprar parte de las empresas, sería una transacción entre el sector público de aumento de capital.
El precio es la clave del negocio
Aunque al cierre de esta edición aún no se había hecho público el decreto de venta de las empresas en la cual se fijan los precios, se calcula que el paquete puede llegar a costar al menos 1,3 billones de pesos, dinero que sería invertido en obras de desarrollo de las respectivas regiones.
Lo que sí es una certerza es la recuperación financiera de las electrificadoras de la Nación, pues hasta el año 2002 eran una pesada carga financiera para el presupuesto. De un Ebitda negativo (ingresos antes de impuestos) de más de 20.000 millones de pesos y pérdidas operacionales de 80.000 millones de pesos, ya generan utilidades oepracionales por 100.000 millones de pesos y generación de efectivo superior a los 150.000 millones de pesos, según el Ministerio de Minas.
Tarifas del servicio no deben subir
En todo caso sean los departamentos, los trabajadores o un privado el que finalmente se quede con las empresas los usuarios tienen la seguridad de que las tarifas del servicio no podrán subir más allá de lo que permite la actual regulación.
Es más es probable que gracias a la gestión del nuevo dueño en el tema de reducción de pérdidas de energía y un manejo eficiente, se podrían incluso presentar algunos alivios al consumidor final.
El otro beneficio es que se podrá mejorar la calidad en la prestación del servicio gracias a las inversiones que haga el nuevo dueño para ampliar la cobertura del mismo. Por eso hay dudas de que los departamentos tengan los recursos para hacer las inversiones que se requieren.
Fuente: El Tiempo