La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, fue enfática al negar que exista un trato distinto para las empresas públicas y privadas en torno a problemas ambientales.
«No hay ni puede haber diferencias y es obligación nuestra hacer cumplir la ley a las empresas públicas y privadas», afirmó, refiriéndose a los recientes derrames de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) en la bahía de San Vicente y de Celulosa Arauco (Celco) en el río Mataquito.
Tras reunirse con ejecutivos de Celco en la comisión de Recursos Naturales del Senado, planteó que la filial de Copec «ha puesto a disposición todos los recursos financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo estudios realizados por universidades del Estado, para luego determinar con precisión cuáles son, en términos profesionales, los daños ambientales».
Uriarte sostuvo que el derrame de petróleo por parte de Enap en la bahía San Vicente, en Talcahuano, es de máxima gravedad y que se le exigió a la empresa construir durante el año 2008 un nuevo terminal marítimo con ductos aéreos.
En tanto, la Corema de la VII Región dio inicio al proceso de sanción contra Celco, al vulnerar la planta Licancel -que fue cerrada indefinidamente por Celco, con lo que deja de ganar US$ 4 millones al mes- una resolución ambiental, dado el colapso del lunes pasado.
Ahora la preocupación radica en la probabilidad de desborde de las lagunas de tratamiento de riles, ante el pronóstico de unos 80 mm en lluvias para los próximos días. Se exigió a Celco un plan de contingencia.
A su vez, la Intendencia de la VII Región interpuso una nueva querella ante el tribunal de garantía de Licantén contra quienes resulten responsables del nuevo derrame de riles al río Mataquito. La acción judicial se suma a la interpuesta el sábado 9 de junio pasado.
Sofofa: Celco ha sido responsable
El secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, calificó de «responsable y seria» la reacción de Celco ante los últimos incidentes en su planta Licancel.
Según Concha, la situación de Celco no debe mezclarse con la solicitud que ha realizado el empresariado de agilizar la tramitación ambiental a la que se someten proyectos de inversión privados.
«Claramente aquí no estamos frente a un problema de evaluación ambiental, sino que ante un accidente de operación de un proceso productivo», dijo.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Ovalle, señaló que casos como el de Celco «no le hacen bien al empresariado».