El Gobierno tenía un plan de contingencia. El ministro de Energía, Marcelo Tokman, prospectó escenarios para el caso de la quiebra de GasAtacama y encomendó a sus asesores y al abogado Andrés Jana, también consejero de Hacienda, la preparación legal de una intervención del sistema eléctrico del norte si se producía esa coyuntura.
El día clave era el 4 de junio, en que, según profesionales que siguieron el caso, vencían millonarias facturas a nombre de Copec, empresa que abastece de diésel a las plantas de generación de GasAtacama, hoy carentes de gas natural. Si GasAtacama no pagaba esa factura, debía declararse en cesación de pagos y pedir formalmente su quiebra. Los abogados Luis Felipe Merino y Octavio Bofill estudiaron ese escenario. La cesación de pagos obligaba al directorio de GasAtacama, formado por cuatro ejecutivos, dos por Endesa, dueña del 50%, y dos por CMS, a reunirse en los siguientes 15 días y pedir su declaración de quiebra a un tribunal de Santiago. No hacerlo los exponía a una posible acusación de quiebra culpable o fraudulenta.
El escenario de la quiebra era la amenaza recurrente de Rudolf Araneda, el gerente general de GasAtacama. En el gobierno, dice un protagonista de las negociaciones, no había ánimo de aceptar ese ultimátum. Y por ello estudiaron escenarios alternativos, entre ellos la intervención. «Las turbinas iban a seguir funcionando», dice un conocedor de las tratativas. Y no era mediante la intervención de un síndico, agrega.
El escenario con síndico
Cercanos a GasAtacama dicen que la crisis era grave. Que la quiebra provocaría una crisis en el norte, donde GasAtacama tiene una capacidad equivalente a entre 10% y 20% del sistema. Algunos abogados aseguran que un síndico de quiebras no podría haber otorgado la continuidad de giro a la eléctrica, ya que su operación de subsistencia no era económicamente sustentable y hubiese afectado a los acreedores.
Otros actores creen que la presión sobre el síndico hubiese sido insostenible y que la firma pudo seguir operando y sirviendo sus contratos más rentables -los clientes libres- y desahuciando unilateralmente el contrato para abastecer a Emel, la distribuidora de las regiones I, II y III.
Así, el sistema eléctrico hubiese seguido operando. En ese evento, Emel, que abastece a los clientes residenciales de la zona, hubiese recibido electricidad del Sistema Interconectado del Norte Grande (Sing) y su plan era pagar por la electricidad en una notaría para su posterior distribución entre las eléctricas, dice un profesional ligado a esa empresa.
Finalmente, la quiebra no prosperó. Codelco y BHP, dueña de Escondida, apoyaron a GasAtacama a través de un contrato de respaldo mediante el cual comprometieron unos US$ 25 millones durante 90 días. A ese acuerdo también concurrió Endesa, pero aún debe definir la fórmula que le permitirá entregar fondos a la eléctrica sin romper sus acuerdos con CMS, el accionista que decidió cortar los flujos hacia GasAtacama y que acordó vender el 50% de la firma al grupo Ashmore en unos US$ 80 millones.
Opción de negocio
Endesa tiene hasta fin de mes para decidir si compra el 50% de Gas- Atacama a CMS o cede su opción a un tercero. Las mismas mineras que acudieron al salvamento de la eléctrica podrían comprar esa participación. El atractivo de una empresa al borde de la quiebra son sus valiosos activos -turbinas por 781 MW- y la posibilidad futura de hacerlos rentables si cambia el panorama en el norte.
La eventual llegada del GNL al norte o un, por ahora impensado, acuerdo con Bolivia para importar gas natural, podrían proveer suministro para esas centrales. Para las mineras es estratégico contar con abastecimiento seguro, aunque sea caro.
Por otro lado, el fondo de inversión Southern Cross hace meses evalúa la opción de GasAtacama y ahora tiene liquidez y nuevos recursos para nuevas apuestas.
Fuente: La Tercera