La importancia de sacar los proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental lo antes posible se instaló en el debate. Es que las empresas están apuradas por desarrollar sus proyectos eléctricos, a raíz de la profunda crisis que está viviendo el país.
¿Habrá fast track energético? es la pregunta que se hacen los distintos actores preocupados por el suministro, que cada día es más escaso. Y la respuesta pareciese ser afirmativa.
Al menos existe consenso entre los diferentes organismos del gobierno, los privados y la oposición de que aumentar la producción eléctrica durante los próximos años es urgente, sobre todo si se considera que la demanda energética sube cerca de un 6% anual y que en el período 2008-2009 no entrará en funcionamiento ninguna central de envergadura que pueda paliar mayormente el problema de abastecimiento.
Tanto la Conama, que es la que evalúa los proyectos, como la Corema, que acepta o rechaza su desarrollo, se comprometieron a trabajar rápido, aprobando aquellas centrales generadoras que cumplieran la normativa ambiental.
Pero a Jaime Orpis, senador UDI y miembro de la comisión de Minería y Energía, no le basta solamente con una buena voluntad política. Declaró que dentro de los próximos meses presentará un proyecto de ley que pretende acortar los plazos que tienen la Conama y la Corema para aceptar o rechazar un proyecto energético de envergadura.
«Los ministros y, en general, las autoridades, tienen una voluntad de solucionar el problema, pero sin modificar absolutamente nada. Personalmente presentaré un proyecto para agilizar la Ley de Bases Ambientales. Yo no quiero saltarme la norma sustantiva, pero sí acortar los plazos que tiene la Conama. Debemos trabajar en esto las 24 horas al día, porque es un tema importantísimo para el país», señaló.
Según Rodrigo Castillo, presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, deberían aprobarse con celeridad todos los proyectos que entren al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el plazo 2009-2010.
«Yo tengo confianza en que los distintos organismos del Estado saben que esto no puede demorar un día más. Hay que empezar a trabajar ahora, porque ya estamos tarde, ya hemos perdido el tiempo», argumentó.
Pero el atraso en la tramitación de proyectos no es sólo un problema de la Conama y la Corema, sino que también pasa por incumplimientos de las mismas empresas en los Estudios de Impacto Ambiental que presentan. «Acá no sólo el Gobierno tiene que ponerle empeño para agilizar procesos, sino que los privados también tienen que presentar estudios competentes, que cumplan todos los requisitos técnicos. Si un sector no hace su tarea, vamos a pagar todos la cuenta», comentó Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía y Energía.
Por su parte, la Comisión Nacional de Energía señaló que el Gobierno sí se ha preocupado de acelerar los procesos, especialmente con la potenciación de la figura del fast tracker, cuya misión es agilizar la tramitación de los estudios y declaraciones ingresados al SEIA. Hoy el cargo lo ocupa Teresa Soffia, quien está en constante contacto con las empresas.
Para el año 2020 se estima que debemos duplicar nuestra producción energética desde los 11.000 MW a 22.000 MW. Pero Chile crece en promedio sólo 400 MW al año, por lo que se necesitarían proyectos de mayor envergadura al largo plazo.
Solución urgente
Los expertos estiman que al menos en los dos próximos años es realmente urgente aprobar los proyectos termoeléctricos para compensar el sistema y evitar su colapso. Pero luego serán necesarios proyectos de talla mayor, como Hydroaisén.
«Actualmente se construyen proyectos por 1.200 megawatts al 2010; no es nada si lo analizamos al largo plazo. Luego, la central de Aisén, si se aprueba, generará 2.500 MW. Aisén es una necesidad imperiosa para el país, pero no es la solución completa al problema», comentó Fernando Orellana, director de la Asociación de Ingenieros Consultores, que son quienes realizan las investigaciones técnicas para los Estudios de Impacto Ambiental.
Según Orellana, todo aquello que genere energía debería ser estudiado para el largo plazo. «Duplicar la generación de energía no será una tarea fácil. No podemos cerrarnos a la posibilidad de construir una planta de energía nuclear, que generaría entre 800 y 1.000 MW», señaló.
Un proyecto para acortar los plazos para aceptar o rechazar iniciativas va a presentar el senador Orpis.
Procesos lentos
Un recuento de los proyectos más tramitosos de los últimos años.
4 años y 2 meses: Central Termoeléctrica Totihue, Región del Libertador (VI).
Planta de generación eléctrica. 740 MW. Ciclo combinado gas/vapor.
Empresa: AES Gener.
Inversión: US$ 345 millones.
2 años y 4 meses: Central Ciclo Combinado Monte Lorenzo, VI Región.
Central ciclo combinado gas/vapor, de 380 MW.
Empresa. AES Gener.
Inversión: US$ 210 millones.
1 año y 1 mes: Central Ñuble de Pasada VII Región: Central de 136 MW
Empresa: CGE Generación S.A
Inversión: US$ 140 millones.
De 200 a 400 días
Según Carlos Mladinic, coordinador del Plan Chile Invierte, el 46% de los proyectos que ingresan al SEIA tienen una tramitación de 200 a 400 días; plazos que son relativamente cercanos al establecido por ley (120 días, más 30 adicionales para dar permisos). El resto se demora más tiempo.
«Nosotros tratamos de que los plazos fluyan bien, que las cosas se resuelvan en el tiempo correspondiente, pero hay demoras por varios factores: exceso de proyectos en tramitación, estudios mal hechos y porque falta una profesionalización de los organismos medioambientales», señala.