Un nuevo cuestionamiento sacude la firma de los 44 contratos petroleros entre YPFB y las compañías que operan en el país.
El presidente de la estatal brasileña, José Fernando de Freitas, informó ayer al Senado que decidió congelar sus invesiones indefinidamente en el país ante la falta de un marco regulatorio que garantice el desarrollo y los trabajos de exploración y explotación.
Además, destapó supuestas irregularidades en la firma de los contratos toda vez que se firmó cuatro veces la adenda D y que los documentos eran de pleno conocimiento de los ex presidentes de YPFB, Juan Carlos Ortiz y Manuel Morales Olivera.
El ejecutivo de Petrobras confirmó que el desarrollo de nuevas inversiones en Bolivia no están definidas aún, debido a que no existe un marco legal regulatorio que defina las condiciones comerciales y por la demora en la protocolización de los contratos y la aprobación de la ley corta en el Senado.
«Una vez que tengamos esto podremos hacer una evaluación económica financiera de la factibilidad de los contratos», aseguró De Freitas.
A la pregunta del presidente de la comisión del Senado, Carlos D’Arlach, de qué inversiones tiene proyectada Petrobras asumiendo que se ha concluido este ciclo de aprobación de los contratos y que considera la casa matriz, De Freitas respondió que la compañía define su programa de inversiones normalmente en forma quinquenal, éste se lo hizo en agosto de 2006 y va hasta 2011, que prevé inversiones de US$ 90.000 millones, de los cuales US$ 12.000 millones están volcados a inversiones fuera de Brasil.
Sin embargo no contempla ninguna en Bolivia por la falta de un marco regulatorio, más allá de aquellas necesarias por las obligaciones comerciales.
«Petrobras tiene como operador los bloques de San Alberto y Sábalo los cuales tienen una gran capacidad de producción. El campo San Alberto ya llegó a su máximo desarrollo y desde este año viene su declinación. En el bloque San Antonio aún se presenta potencial de desarrollo adicional e incremento de producción y en este momento continuamos con la perforación del pozo Sábalo V y todavía esperamos resultados finales para tener una mejor evaluación de su potencial. Además de ello tenemos tres bloques como operadores de exploración: Ingre, Río Hondo e Irenda. Este último ya lo devolvimos a YPFB”, agregó.
Las afirmaciones preocupan a los senadores toda vez que la empresa no piensa realizar actividades de exploración en el marco de los nuevos contratos por lo cual harán una evaluación y las respectivas consultas ante el Gobierno, indicaron Carlos Borth y Roberto Ruiz.
Por otro lado, la estatal brasileña dejó constancia de que la participación del Estado es muy grande en cuanto a su rentabilidad y el beneficio por la explotación de sus recursos, pero a la vez esto hace menos atractivo el negocio.
A la interrogante del senador Óscar Ortiz sobre los cambios de los anexos D de los campos San Alberto, Sábalo y Río Hondo, De Freitas aclaró que se firmaron cuatro veces los documentos: la primera versión del anexo D, que se empezó a llamar D1, se firmó a las 5 de la madrugada del 29 de octubre.
Además el representante de Petrobras criticó el supuesto favoritismo del cual gozan algunas petroleras como Chaco con la resolución ministerial 255 que le permite exportar gas al mercado argentino y que afecta al contrato GSA suscrito entre YPFB y Petrobras.
Borth afirmó que las declaraciones del ejecutivo de Petrobras permiten aclarar las dudas y que hoy se concluirá las informaciones de los representantes de Repsol y Total.
Podemos busca acuerdo para ley corta
Senadores del opositor Podemos anunciaron ayer que buscarán un acuerdo político con el MAS para facilitar la aprobación de la ley corta que corrige los errores identificados en los 44 contratos petroleros suscritos en el marco de la nacionalización.
«La ley corta puede ser aprobada, sin embargo se buscará un acuerdo con el oficialismo para ver cómo la aprobamos, se tienen que aprobar los contratos que no vayan en contra del Estado», manifestó el jefe de bancada Oscar Ortiz, a tiempo de indicar que entregarán el informe en el plazo establecido en el reglamento de debates que vence este jueves.
De su lado, el vicepresidente de Senado, Carlos Bohrt, informó que las tres comisiones tienen previsto elaborar su informe desde hoy, de manera que el jueves ya esté a consideración del pleno del Senado «pero eso dependerá del acuerdo al que se llegue con el MAS».
«Lo que estamos discutiendo es la aprobación de una ley que corrige errores de forma, por lo tanto para modificar contratos, debiéramos derogar las 44 leyes aprobadas el 28 de noviembre, por eso tenemos que llegar a un acuerdo porque el Senado tiene la atribución de rechazar o aprobar los contratos», explicó.
Destrucción y envío de contratos al Congreso
En el mismo momento en que se acordó homogenizar el contrato D 2 automáticamente cayó en la obsolescencia del contrato D1 y el mismo día se procedió a la destrucción del anexo D1 que ya no era válido. Manuel Morales Olivera y Juan Carlos Ortiz estuvieron presentes en el acto, según Petrobras.
El 22 de febrero YPFB informó que se había enviado al Congreso una versión del anexo D distinta de la que se había acordado el día 5 de noviembre, o sea que la versión enviada era la D1 y empiezan las discusiones. La versión válida era el anexo D2 que finalmente se firmó y dentro de las discusiones, se solicitó a los socios volver al contrato D 1.
Para San Alberto y San Antonio, el cambio de anexos
representa cerca de US$ 6 millones.
La reposición de los originales se firmó el 12 de marzo, un nuevo original de un anexo basado en la fotocopia que según YPFB entregó al Congreso.
Las diferencias en las adendas tienen que ver con pago de servidumbres y reconocimiento de costo de casa matriz que en la versión D1 no se reconoce este gasto.
Fuente: El Deber