Según un comunicado de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), las empresas petroleras que operan en el país todavía están envueltas en la incertidumbre, ahora debido a los errores administrativos del Estado y por la falta de seguridad jurídica.
Por este motivo, la CBH pide que esta situación culmine con la aprobación de los contratos suscritos en octubre del año pasado.
“Desde hace varios años, los contratos petroleros de exploración y explotación firmados entre el Estado boliviano y las empresas inversionistas de diferentes partes del mundo, han sido motivo de cuestionamientos por diferentes sectores porque éstos no fueron refrendados por el Congreso Nacional. Hoy, que los nuevos contratos han sido elevados a ese poder del Estado, errores administrativos siguen causando incertidumbre en esta industria que hace más de cuatro años no puede desarrollarse como debiera”, señala el documento de la Cámara de Hidrocarburos.
“Es importante manifestar que las empresas fueron a la mesa de negociación buscando como mínimo la seguridad jurídica de largo plazo”, añade.
La CBH explica que los contratos de operación firmados con el Estado fueron realizados bajo un proceso arduo de negociación y bajo la rigurosidad de la nueva Ley de Hidrocarburos y el decreto de nacionalización.
Por un lado, las empresas necesitan seguridad jurídica y condiciones para que puedan invertir con una rentabilidad económica razonable y, por otro, el Estado requiere inversión, pero ejerciendo un control más riguroso de la misma y del aparato productivo, asumiendo la responsabilidad del transporte y la comercialización, sostiene.
En ese sentido, “esperamos que esta situación de incertidumbre culmine finalmente con la aprobación de los contratos de operación y que se reenfoque el debate de la seguridad jurídica y condiciones necesarias y suficientes para que el sector pueda desarrollarse a través de una política de hidrocarburos clara, racional y que propicie condiciones a la inversión de largo plazo para el beneficio de los bolivianos”, subraya el comunicado.
La petición de las petroleras puede caer en saco roto, ya que los senadores tienen la intención de revisar minuciosamente cada uno de los contratos antes de aprobar la ley modificatoria, que pretende enmendar los errores que se cometieron en las leyes de aprobación de los contratos, según declaró ayer el presidente del Senado, José Villavicencio.
El legislador recordó que la Comisión de Desarrollo Económico tiene 15 días para analizarlos antes de pasarlos al pleno del Senado. Además, pidió que se invite a declarar al ex ministro del sector Andrés Soliz y al ex presidente de YPFB Juan Carlos Ortiz.
Fiscal recibe una denuncia
Podemos presentó ayer ante la Fiscalía General una denuncia sobre la presunta falsedad cometida en la aprobación de los mayores contratos petroleros firmados por Petrobras, Repsol YPF y Total en el país.
Un grupo de senadores del grupo opositor entregó al fiscal general, Mario Uribe, la demanda y las pruebas de los supuestos delitos de falsedad, durante una rueda de prensa en el Senado.
Según el documento, Podemos presume los delitos de falsedad material e ideológica, supresión y destrucción de documentos, uso de instrumentos falsificados, suscripción de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Fuente:La Razón/EFE