La Comisión Europea ha pedido a España que retire en un plazo de siete días laborables las condiciones «ilegales» fijadas a la opa de E.ON sobre Endesa y le advirtió de que, si no lo hace, podrá denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El ejecutivo comunitario ha enviado a Madrid un «dictamen motivado» -el segundo paso en los procedimientos sancionadores- por la vulneración del artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria.
Asimismo, debido a la especial importancia que el Ejecutivo comunitario concede a este caso, el plazo que se ha dado al Gobierno para presentar sus alegaciones no ha sido el habitual de dos meses sino de siete días laborables.
Bruselas ya declaró ilegales la mayoría de los requisitos de la CNE (en julio) y del Ministerio de Industria (en noviembre) mediante sendas decisiones jurídicamente vinculantes -y que por tanto pueden ser invocadas por E.ON ante tribunales nacionales- por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento.
Mientras, el Gobierno rechazó hasta ahora derogar estas condiciones y las ha justificado por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro en España. Sin embargo, los argumentos de las autoridades españolas, reiterados por última vez por escrito el pasado 22 de enero, no han convencido a la Comisión, que ha decidido seguir adelante con el expediente contra España por el caso E.ON.
La Comisión hace hincapié en que la decisión del Ministerio de Industria que suprimió parte de las condiciones impuestas por la CNE, redujo la duración y alcance de varias y modificó otras, añadiendo algunas nuevas, aunque «no fue suficiente» para cumplir con su petición anterior de retirada de las medidas ilegales.
Si las autoridades españolas no retiran las condiciones a la Opa de E.ON en este plazo, la Comisión llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). De confirmarse, esta sería la segunda denuncia contra España ante el TUE por el caso E.ON, ya que Bruselas ya denunció el pasado 24 de enero ante la justicia europea el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la CNE y facultó al regulador energético para analizar la Opa de la alemana.
Entre las condiciones cuya retirada exige el Ejecutivo comunitario se encuentran la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de cinco años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
Fuente: El Mundo