Muchas críticas ha generado el proyecto de ley eléctrica, o ley «Tokman», que actualmente discute la comisión de Minería y Energía del Senado. Pese a esto, la iniciativa propuesta por la Comisión Nacional de Energía (CNE) sumó un importante aliado: Rodrigo Castillo, presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEL), gremio que reúne a las firmas distribuidoras y transmisoras del sector.
«La filosofía de esta ley es proteger a los clientes regulados, tanto en seguridad para el suministro y a precios razonables», dijo el titular de ASEL frente a los cuestionamientos que se han originado ante la iniciativa.
Los problemas con este proyecto surgen debido a que actualmente GasAtacama, empresa generadora del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) -esqueleto eléctrico que abastece desde la frontera norte del país hasta Taltal- y perteneciente al grupo Endesa, se encuentra en serios aprietos económicos debido a los problemas de suministro de gas desde Argentina y el consecuente uso extensivo de diésel, lo que pone en riesgo al sistema energético.
La ley Tokman ha sido catalogada de «traje a la medida» para solucionar los problemas de la firma, ya que explicita lo que se debe hacer en caso de que una empresa quiebre o deba poner fin anticipadamente a los contratos con las distribuidoras -eventual situación que podría vivir GasAtacama-, asegurando el abastecimiento de los clintes regulados (todos los domiciliarios y comerciales, entre otros).
Los ejecutivos de AES Gener, empresa generadora con centrales tanto en el SING como en el Sistema Interconectado Central (SIC), han criticado públicamente el proyecto.
Para Castillo, no sólo esto es un error, sino que también lo es considerarlo una traba a las inversiones futuras o un causante de eventuales alzas eléctricas, como han manifestado algunos expertos. «Esta ley no produce problemas, sino que los viene a resolver», afirma Castillo, agregando que más que cambiar las reglas del juego, el proyecto llena vacíos que hoy, al no ser contemplados, «generan incertidumbre» y explicitan algo que en la práctica la industria ya tenía internalizado.
Sobre los cuestionamientos, Castillo fue claro: «Hasta la fecha, ningún experto que no tenga intereses en el debate ha dado su opinión».
El presidente de ASEL también manifestó su confianza en que el proyecto que ingresó al Senado saldrá -al menos en sus principios generales- respetando los principios generales originales.
Fuente: El Mercurio.