Unión Fenosa ha empezado a explotar en Costa Rica una central hidráulica que sólo estará bajo su control durante los próximos 20 años, al cabo de los cuales pasará a manos del Gobierno caribeño. Las condiciones que la eléctrica ha aceptado en el país centroamericano contrastan llamativamente con las que disfruta en Galicia, donde se beneficia de valiosos recursos naturales en forma de embalses que estarán bajo su órbita durante más de ocho decenios.
Fenosa informó ayer de que la central hidráulica de La Joya, que cuenta con una potencia instalada de 50 MW, ya ha entrado en operación comercial. El acuerdo de la compañía con el Ejecutivo costarricenses establecía la construcción de la planta por parte de la empresa y su explotación durante dos decenios.
Una vez que se cumpla este plazo, la central será transferida al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el máximo organismo gubernamental energético del país.
Además de los beneficios que la eléctrica pueda obtener de la venta de energía, la central de La Joya es también un mecanismo de desarrollo limpio (MDL), una de las fórmulas previstas en el Protocolo de Kioto para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Compensar las emisiones
La ejecución de este tipo de proyectos en países en vías de desarrollo es una de las alternativas planteadas en el acuerdo de Kioto para compensar la emisión de gases contaminantes en los Estados de origen de la empresa, en este caso España.
Al margen de los beneficios que Unión Fenosa pueda obtener en Costa Rica tanto en materia comercial como medioambiental, parece difícil que pueda igualar las pingües ganancias que está sacando en Galicia de la explotación de los grandes embalses. El Libro Blanco de la Generación Eléctrica sostiene que estas instalaciones se han convertido «en máquinas de hacer dinero para las empresas y lo serán durante décadas».
Los datos de la patronal eléctrica Unesa son todavía más contundentes. El precio de construcción a día de hoy de una de las 26 grandes presas que están en manos de Fenosa, Iberdrola o Endesa rondaría los 3.360 millones de euros. Los ingresos de explotación actualizados de estos embalses superan ya los 12.600 millones. Esto es, las empresas concesionarias ya han amortizado hasta cuatro veces su coste.
Beneficios
Y todo parece indicar que estas compañías seguirán beneficiándose de los recursos naturales de la comunidad aún durante largo tiempo. Un total de 24 de los 26 grandes embalses gallegos registrarán un período de explotación medio de 82 años -siete más del límite máximo establecido en la Ley de Aguas- cuando concluya la concesión, de forma que la mayoría de estas instalaciones seguirán en manos de estas empresas hasta más allá del año 2060.
La anómala situación creada en España, y especialmente en Galicia, ya le ha valido al Gobierno central un duro expediente de la Comisión Europea, que considera que las larguísimas licencias hidroeléctricas «fortalecen considerablemente la posición privilegiada de los actuales titulares de derechos de explotación de las aguas».
Lo cierto es que la actual Xunta lleva meses tratando de negociar con las eléctricas un cheque eléctrico que devuelva a la sociedad gallega, de alguna forma, los enormes beneficios que obtienen estas compañías en forma de kilovatios. La creación de un impuesto verde o una ecotasa que se aplicaría a las firmas hidroeléctricas es uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo gallego que, como no podía ser de otra forma, ha encontrado una fuerte oposición por parte de las empresas.?
Fuente La Voz de Galicia.