Si bien las empresas del sector se defienden con todo ante la serie de cuestionamientos que detonó el alza del hidrocarburo argentino. Una nueva arista surge en el tema, la integración o nivel de relación que tienen las empresas que participan tanto en el mercado del gas natural como del gas licuado.
De hecho, al parecer el nivel de competencia que existe en la industria no está muy claro. Esto, considerando, por ejemplo, que Rafael López, gerente general de Chilectra, al ser consultado si creía que había competencia en el mercado de las distribuidoras de gas, señaló simplemente que “en el gas natural el mercado es pequeño y las empresas son pocas”. Al insistirle sobre el tema, y si su opinión significaba que no había competencia, reiteró que “el mercado es pequeño y las empresas son pocas”.
Y lo anterior no deja de tener sentido si se observa, al menos, la estructura de propiedad de las empresas que participan en los ambos sectores.
Esa así como, según datos entregados por Intergas a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el Holding CGE (controlado por los grupos Marín Del Real, Almería y la familia Pérez Cruz) posee el 56,6% de Gasco -distribuidora de gas licuado-, la que a su vez controla Metrogas, la principal distribuidora de gas natural país. Al mismo tiempo, Gasco participa en Gasmar, compañía que opera en la importación a nivel mayorista de gas licuado, y a su vez es accionista de los gasoductos del Pacífico y GasAndes, quienes transportan el gas natural desde Argentina.
Pero esto no es todo según los antecedentes aportados por Intergas, ya que Empresas Copec (del Grupo Angelini), quien controla Abastible -la segunda distribuidora de gas licuado del país-, participa, además, como accionista en Metrogas y Gasmar.
A esto se suma, que el Grupo Yaconi-Santa Cruz, controlador de la principal distribuidora de gas licuado del país, Empresas Lipigas, participa también como accionista en Metrogas y en Innergy Holdings, distribuidora de gas natural de la VIII Región.
Esto, a juicio de Intergas (compañía de gas natural que opera en la VIII Región), da como resultado una estructura con alta concentración e integración de empresas dominantes, detonando una discriminación tarifaria para impedir el ingreso de nuevos competidores.
De hecho, la torta del mercado del gas se distribuye sólo en tres grandes grupos, Angelini, Yaconi-Santa Cruz y CGE. Con ello, al observar las participaciones de mercado del gas licuado se entiende que sólo operan Gasco, Abastible y Empresas Lipigas, con una cuota de 27,9%, 34,7% y 37,4%, respectivamente.
La Defensa
Sin embargo, los actores de la industria se defienden con todo.
El propio Juan Manuel Santa Cruz, gerente general de Empresas Lipigas, al ser consultado si el mercado del gas natural era competitivo sostuvo, hace unos días, que “es absolutamente competitivo”. De hecho, respecto a que si había barreras de entrada, detalló que existe una competencia “brutal” con el gas natural y “vemos como las barreras han sido completamente superadas con cuestiones sumamente concretas. Las transferencias que hay de clientes de un combustible a otro son salvajes”.
En esta misma línea, Guillermo Matta, gerente general del Holding CGE, al preguntarle si ambos mercados eran competitivos, señaló que “estoy absolutamente convencido de ello”.
Carlos Cortés, secretario ejecutivo de la AGN Chile (Asociación de Distribuidores de Gas Natural A.G.), sostuvo que actualmente la legislación no establece ninguna restricción en cuanto a la participación en mercados de competencia y, en ese sentido, “hay casos puntuales en que esto ocurre, y otros en los que no”, agregando que aquí “no hay una sola empresa distribuidora de gas, sino que hay varias y hay que analizar la industria como un conjunto. Aquí el único límite que coloca la legislación es el tema de las rentabilidades, a través de eso, el regulador se preocupó de resguardar grados de competencia suficientes que garantizan que no se produzca un abuso de posición dominante en el mercado”.
El Inicio de las dudas
Pero en la práctica, el impuesto que aplicó el gobierno argentino a las exportaciones de gas natural, elevando el precio del hidrocarburo desde los US,5 por millón de BTU (cada millón de BTU equivalente a 27 m3) a US,8 por millón de BTU, generó una serie de dudas colaterales en relación a la operación de las distribuidoras de gas natural a nivel local, sobre todo, en lo que respecta a los cobros que realizan estas a sus clientes residenciales y a la rentabilidad misma del negocio.
Por ello, no sorprendió que a mediados de semana, el senador PPD, Guido Gidardi, presentara un requerimiento ante la Fiscalía Nacional de Economía (FNE) para que esta analice el mercado del gas natural, con el fin de que dicha entidad presente, posteriormente, un recurso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con el objeto de que se tarifiquen los cobros que realizan las empresas a sus usuarios.
Según Gidardi, las distribuidoras cobran entre seis y siete veces más por el valor del combustible a los clientes domiciliarios, cifra que podría aumentar, a su juicio, tras el gravamen que aplicó la autoridad trasandina.
Al menos, y por el momento, sólo los industriales de la Región Metropolitana han recibido la comunicación formal de que sus tarifas sufrirán una alza entre 25% y 40%, mientras que por el lado residencial, aún existe el compromiso de parte de las compañías, de que no subirán dichos cobros.
Pero no sólo a nivel parlamentario despertó la inquietud de analizar el mercado de las distribuidoras, ya que la Comisión Nacional de Energía (CNE) lleva adelante un estudio para ver si efectivamente las empresas se ajustan o no a la legislación vigente.
CNE analiza el tema
Pablo Serra, secretario ejecutivo de la CNE, explicó que dicho estudio se lleva a cabo de manera periódica y que, en el fondo, “la ley del gas señala que si la rentabilidad de las distribuidoras excede en más de 5% la tasa de costo capital de las empresas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendría la facultad de pedirle al Gobierno fijar tarifas”.
Al ser consultado si han detectado alguna irregularidad o si la rentabilidad de las empresas está por sobre la norma, precisó que no, agregando que la autoridad aún se encuentra trabajando en el informe, el que si bien no tiene plazo, debería estar terminado en septiembre de este año.
Al insistirle si han detectado que las distribuidoras están por sobre el límite de rentabilidad que fija la ley, señaló escuetamente “que en los estudios que ya se han realizado no”.
Desde el inicio de los cuestionamientos por parte de parlamentarios, las mismas empresas salieron en su defensa, asegurando que la rentabilidad del mercado ha estado en niveles muy por debajo de lo que establece la legislación, no superando el 10%. Es más, sostienen que ninguna distribuidora ha logrado hasta la fecha pagar la inversión, la que hasta el momento suma un total de US.125 millones para el conjunto de empresas.
La industria se defiende
De hecho, fue la propia Metrogas la que aseguró ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que “dada la situación Argentina, la compañía estaría recién recuperando su inversión, sin obtener rentabilidad alguna, en 2013”, agregando que “por ejemplo, si Metrogas hubiese sido regulado en el periodo 1996-1999 para obtener un rentabilidad del 10%, el precio final de venta habría sido muy superior al de sus competidores como el gas licuado”.
Sin embargo, el senador Girardi fue más allá, y aseguró que las distribuidoras cobran en la actualidad US1 por millón de BTU a los usuarios residenciales, en circunstancias que adquieren el hidrocarburo en US por millón de BTU -la semana anterior, el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, aseveró que las distribuidoras locales cobraban hasta US4 por millón de BTU.
Ante esto, Carlos Cortés, precisó a ESTRATEGIA que esta diferencia “estratosférica” de precios respecto a que las compañías compran a US por millón de BTU y venden a US4 por millón de BTU, “quedó demostrado que era una falacia, el gas puesto en la zona central les costaba a las distribuidoras del orden US,5 por millón de BTU, y el precio promedio de venta era del orden de los US0 por millón de BTU, esas son las cifras reales y no otras”.
Al mismo tiempo, agregó que las distribuidoras (Metrogas, GasValpo, Energas y GasSur) en los distintos segmentos en los que participan, tanto residencial como comercial e industrial, “enfrentan importantes y altos niveles de competitividad, es cosa de ver lo que pasa, por ejemplo, en el sector inmobiliario cuando un proyecto surge, la competencia que hay entre el gas natural, el gas licuado y la electricidad por tomarse esos proyectos, es fuertísima”.
Es más, a su juicio, a nivel residencial, “está claro que somos más baratos que el gas licuado, y está clarísimo que somos más baratos que la electricidad, y creo que toda esta polémica y mitos que se han ido instalando en las últimas semanas obedecen a un desconocimiento de la industria”.
Fuente: Estrategia.