Al anunciar a la prensa local la postura del Ejecutivo de La Paz, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, fue de la anterior opinión «por las condiciones de precios que hoy rigen con Brasil, que son muy bajas».
Para Soliz, «cualquier árbitro entendería que esas condiciones tienen que mejorar para Bolivia».
«No le convendría (a Brasil), pero si insisten, nosotros vamos a ir a un arbitraje», advirtió el ministro, quien aclaró después que la intervención de un actor externo en la resolución del contencioso no quiere decir «que uno esté demandando al otro, sino simplemente que no hay acuerdo».
A partir del pasado 10 de junio, cuando Bolivia notificó a Brasil su intención de subir el precio del hidrocarburo, corre un plazo de 45 días para que las partes alcancen un acuerdo, antes de acudir al arbitraje internacional.
El ministro anunció asimismo que ya han llegado a la nación andina funcionarios de la firma brasileña Petrobras, ejecutora del contrato de compra-venta entre ambos países, para comenzar a analizar la exigencia boliviana.
Los representantes de Petrobras han iniciado «las consideraciones técnicas», paso previo al inicio de «las negociaciones de más alto nivel», explicó Soliz.
Desde hace varios meses, Bolivia demanda a Brasil, su principal cliente energético, un incremento de la tarifa del gas natural que le exporta desde 1999.
Actualmente, Bolivia le vende 26 millones de metros cúbicos diarios del producto a un precio de US,40 por millón de BTU (Unidad Térmica Británica).
Sin embargo, la negociación se presenta complicada por la resistencia de Petrobras a aceptar un aumento sustancial del precio.
El embajador brasileño en La Paz, Antonino Mena Goncalvez, dijo esta semana que Brasilia pedirá respeto al contrato, que fija un mecanismo de elevación de precios gradual en función de la subida de otros carburantes en el mercado externo.
De hecho, Petrobras informó el martes pasado de que a partir del 1 de julio, pagará un 10% más por el gas boliviano, en cumplimiento de esa cláusula.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos considera que también debe aplicarse otro requisito contractual que determina la revisión de los precios cada cinco años, argumento por el cual las autoridades de Bolivia entablaron el contencioso.
Fuente: EFE.