Tras realizar un exhaustivo análisis en conjunto con los distintos actores del sistema eléctrico, la Comisión Nacional de Energía (CNE) estableció que los nuevos contratos de suministro para clientes regulados comenzarán a regir a partir del 1 de enero del año 2010. Esto, en el contexto del proceso de licitaciones de suministro que actualmente impulsan varias empresas distribuidoras de energía.
Por otra parte, se estableció un plazo mínimo de 10 años de duración para los contratos asociados al suministro base que firmen las distribuidoras con las generadoras. Asimismo, se definió que éstas últimas deberán presentar sus ofertas por los bloques actualmente en licitación el martes 31 de octubre de este año.
Las medidas mencionadas se enmarcan en la Ley 20.018, conocida como «Ley Corta II», promulgada en mayo de 2005, que obliga a las distribuidoras a licitar los bloques de consumo de sus clientes regulados a través de un proceso de subastas públicas, abiertas y transparentes. El objetivo es promover las inversiones en generación eléctrica y la construcción de nuevas centrales a través de contratos de suministro de largo plazo, con precios estabilizados. Los contratos se deberán adjudicar al oferente que proponga el menor precio de energía, lo que se traducirá en menores costos para los consumidores regulados, estamento que incluye al sector residencial.
De acuerdo a la ley, las bases de licitación son elaboradas por las propias empresas distribuidoras y aprobadas por la CNE. Durante el primer semestre del presente año, varias distribuidoras iniciaron los procesos de licitación para renovar u obtener nuevos contratos que les permitan satisfacer la demanda de sus clientes regulados. Entre ellas figuran Chilquinta, Emel, Saesa, CGE Distribución y Chilectra, las que en conjunto licitarán un monto cercano a 2.000 MW.
El objetivo de las medidas anunciadas esta semana por la CNE es, por una parte, garantizar la mayor competencia posible entre las empresas generadoras oferentes y, por la otra, reducir el riesgo de que algunas licitaciones queden desiertas, considerando que la fecha inicialmente propuesta -comienzos del año 2009- no daba tiempo suficiente para construir nuevas centrales. Cabe destacar que, al ampliar la duración de los contratos a un mínimo de 10 años, las empresas generadoras podrán acceder a mejores condiciones de financiamiento para sus proyectos, lo que debería traducirse en menores precios para los consumidores.
Paralelamente, el Ministerio de Economía, previo informe de la CNE, ha decidido prorrogar por un año la vigencia del mecanismo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Corta II, que asegura que las distribuidoras que no tengan contratos contarán con el suministro necesario para atender a sus clientes regulados, mediante un procedimiento en el cual las generadoras del sistema les proveen energía a un precio establecido en la Ley Corta II. En este contexto, debe tenerse presente que con la postergación del inicio de los contratos de suministro al 1 de enero del año 2010, una proporción de la energía requerida por los clientes regulados no contaría con contratos durante el año 2009. Esta situación, en conjunto con el escenario de oferta eléctrica que se prevé para dicho año, justifican la citada prórroga.
Fuente: CNE.