Con el objetivo de asegurar el éxito de las licitaciones de suministro eléctrico de las distribuidoras, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Pablo Serra, resolvió dos medidas para las bases de licitación: fijó un mínimo de 10 años a los contratos de abastecimiento que firmen con las generadoras y aplazó desde 2009 a 2010 su entrada en vigencia.
Este proceso no es sólo uno de los incentivos clave para que las generadoras inviertan en las nuevas centrales eléctricas que se requieren para devolver la seguridad de abastecimiento eléctrico al país, sino también un factor determinante en las cuentas de luz que deberán pagar los clientes regulados.
Esto explica el interés de la CNE por equilibrar los incentivos a las nuevas inversiones en generación eléctrica, a precios que no signifiquen un gran impacto en el bolsillo de los consumidores.
Las medidas adoptadas por Serra fueron el resultado de diversas reuniones que sostuvo hace una semana con los gerentes generales de las generadoras como de las distribuidoras. Y sus resultados concretos comenzarán a verse en agosto y octubre, meses que han fijado Chilectra, Chilquinta, CGE Distribución, Emel y Saesa para recibir las ofertas de suministro que presenten las generadoras interesadas.
Las medidas
Acogiendo la preocupación manifestada por los generadores en orden a que los plazos de contratos ofrecidos por algunas distribuidoras no permitían rentabilizar las nuevas inversiones, la CNE fijó un período mínimo de 10 años para estos acuerdos. Esto le significará Chilquinta Energía, por ejemplo, extender los plazos de 4 y 5 años que estableció en sus bases de licitación.
El criterio aplicado fue casi salomónico, por cuanto algunas generadoras planteaban que un plazo adecuado para rentar las inversiones era de 15 años, el máximo que establece la ley. Esta propuesta no fue acogida puesto que las distribuidoras defendieron que contratos tan extensos podrían “amarrar” a los consumidores a los altos precios de la energía que hoy están vigentes.
La segunda medida que habría adoptado la CNE -aplazar en un año la vigencia de los contratos de suministro eléctrico, de 2009 al 2010-, tiene como objetivo dar tiempo a que entren en operación las nuevas centrales eléctricas que comenzarían a construirse este año. Una central a carbón, por ejemplo, ya sea la unidad III de Guacolda o la central Ventanas de AES Gener, requiere de 36 meses de construcción, por lo que si sus obras se iniciaran a fines de este año, su puesta en marcha recién estaría a comienzos de 2010.
Por esto, si se mantenía el 2009 como año de partida de los contratos de suministro se corría el riesgo de que la oferta de energía disponible para esa fecha no calzara con la demanda requerida por las distribuidoras.
Esta decisión implicará extender por una año más, la facultad que establece la Ley Corta II de que las compañías distribuidoras que se encuentren sin contratos de suministro, compren su energía a costo marginal en el mercado spot.
Fuente: Diario Financiero.