Morales ha intentado al mismo tiempo tranquilizar a las compañías petroleras extranjeras que operan en el país y contentar a los movimientos sociales con afirmaciones de que Bolivia retomará el control de la explotación de hidrocarburos.
La ambigüedad de esta situación mantiene a Bolivia en la incertidumbre acerca del destino de las reservas de gas natural que hasta ahora han causado la renuncia de dos presidente en los últimos tres años.
Es un periodo de contradictorias declaraciones, pero empresarios privados, movimientos sociales y hasta los sindicalistas más radicales han coincidido con el gobierno en la necesidad de que la inversión privada permanezca en Bolivia.
Seguridad jurídica
Desde las empresas, se mantiene la exigencia del respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras.
Roberto Mustafá, presidente de la Confederación de Empresarios Privados, sostiene que «es importante el respeto a la inversión y el derecho a obtener ganancias de ella. Si esto se respeta, todos serán beneficiados».
Y desde los sindicatos y organizaciones sociales, se admite que esta seguridad jurídica es posible si es que el Estado y las compañías transnacionales se benefician en justa medida.
«Es necesario acordar nuevas reglas de juego. Después de alcanzar un acuerdo sobre cómo las multinacionales actuarán en Bolivia, hay que respetarlo para que todos ganemos en el negocio del gas», afirma Roberto de la Cruz, ex líder sindical de postura muy radical y ahora concejal de la ciudad de El Alto.
Sin embargo, de la Cruz aclara que «no se necesitan reformas, sino medidas revolucionarias para obtener nuevos contratos con las petroleras. O sea que el gobierno debe nacionalizar los hidrocarburos».
El empresario Mustafá se opone a semejantes propuestas y piensa que «confiscar a la inversión extranjera sería una locura, un retroceso inadmisible».
Mientras tanto, las empresas transnacionales continúan explotando los hidrocarburos que les fueron entregados en 1996, cuando se efectuó en Bolivia una privatización de empresas estatales.
Las condiciones en que las petroleras extranjeras se hicieron cargo de la explotación de hidrocarburos no han variado, excepto por un fuerte aumento impositivo en mayo del año pasado.
Referendo
El aumento de impuestos, así como la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, fueron un mandato de un referendo realizado en julio de 2004.
La ley de hidrocarburos actualmente en vigencia por mandato de esa votación popular también estipula el fortalecimiento de lo que quedaba de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El nuevo presidente de YPFB, Jorge Alvarado, recibió del presidente Morales este encargo.
«Queremos explotar los hidrocarburos, si es posible en asociación con otras empresas, pero bajo un principio fundamental: que los dueños somos nosotros, los bolivianos», explica Alvarado.
«Las reglas del juego las vamos a establecer nosotros. Las empresas tendrán ganancias, pero ya no como hasta ahora. Nosotros teníamos apenas el 18% de la explotación del gas y las transnacionales se llevaban el 82%. Queremos igualdad».
Según Alvarado, «cualquier contrato que se firme bajo condiciones de igualdad va a tener seguridad jurídica».
El empresario Mustafá opina que cualquier intervención estatal en negocios privados es nociva, pero admite que «es necesario convivir».
El analista y economista Gonzalo Chávez afirma que la perspectiva es todavía incierta y que llevará todavía «unos dos años más» encontrar estabilidad.
Chávez ve señales de que las posiciones radicales son cada vez más débiles, mientras «el nuevo gobierno está en un periodo de asentamiento». «La nacionalización y reforma del sector de hidrocarburos son conceptos grandes que necesitan convertirse en políticas concretas: en leyes y en decretos», afirma Chávez.
Según el analista, es necesario entender claramente «qué es lo que se entiende por nacionalización, mediante una ley, decreto o reglamento. Y muchas veces en el detalle está el diablo».
Fuente: BBC.