El gobierno español comisionó al presidente del Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín, con la difícil tarea de coordinar a los grupos constructores locales interesados en apoyar una OPA de Gas Natural por Endesa y superar así la oferta de la alemana E.ON.
Tras aceptar el llamado del Palacio de la Moncloa, el ejecutivo extendió la invitación a toda la industria constructora, pero sólo el grupo Acciona habría confirmado su participación. Su presidente, José Manuel Entrecanales, habría puesto como condición, sin embargo, que su empresa lidere el consorcio resultante. Fomento de Construcción y Contratas (FCC) habría desestimado la oferta, pese a que el jueves había señalado que “estudiaría con interés” cualquier eventual propuesta para participar en una oferta conjunta.
El ingreso de Acciona al grupo de oferentes exige la renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas mayoritarios de Gas Natural –La Caixa y Repsol YPF.
La designación de Botín para encabezar una oferta “nacionalista” fue considerada por algunos observadores como irónica, al recordar que el ejecutivo acaba de liderar la compra del banco inglés Abbey National por parte del Santander.
Sin ayuda
Paralelamente a las gestiones de Botín, ejecutivos de Gas Natural estarían trabajando a toda máquina en la preparación de una nueva OPA sobre Endesa, “sin ayuda de nadie” según manifestaron fuentes de la catalana al diario español El Confidencial. A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió que Gas Natural deberá presentar formalmente cualquier oferta antes de las 10 de la mañana del 27 de febrero si pretende continuar en la batalla por Endesa.
Mientras, el gobierno español amplió las competencias de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que garantice el interés público en el sector energético, medida que busca obstaculizar la OPA de E.ON. La entidad podrá actuar “cuando existan intereses que los poderes públicos deben proteger y cualquiera que sea el promotor de la iniciativa que afecte a intereses públicos”, señaló la primera vicepresidente de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Acción comunitaria
En respuesta, la Comisión Europea volvió a advertir al gobierno español que no recurra a estas disposiciones para bloquear una compra entre fronteras. El portavoz de la comisaría de la Competencia, Jonathan Todd, explicó que si las autoridades españolas invocan el interés general para vetar la OPA de E.ON, esta justificación deberá estar de acuerdo con las leyes comunitarias. Según el vocero, la Comisión tiene la capacidad “exclusiva” para intervenir en el caso de fusiones de dimensión europea, como la de E.ON sobre Endesa.
“El reglamento de concentraciones dice claramente que cualquier interés general debe ser compatible con la legislación comunitaria”, enfatizó Todd. Así, el gobierno español no podría acogerse a la ley de inversiones del sector eléctrico de 1999. La modalidad fue declarada “ilegal” por el brazo ejecutivo de la Unión Europea en 2003 por ser contraria a la libre circulación de capitales. La Comisión denunciará este caso ante el Tribunal de Justicia a principios de marzo.
Si el gobierno español decide vetar la OPA deberá notificar de antemano a la Comisión las razones de interés general que alega. “La Comisión tiene entonces 25 días laborables para analizar en primer lugar si esas medidas responden realmente al interés general y si son compatibles con la legislación comunitaria”, detalló el funcionario.
Fuente: El Diario.