El Presidente electo, Evo Morales, dispone de seis meses a partir de la fecha para negociar con las empresas petroleras las condiciones del sector bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, luego de que la actual administración decidiera ampliar este plazo.
“El plazo de la negociación amigable con las petroleras que se acogieron a los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones se ha ampliado hasta junio de este año”, precisó ayer el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Los acuerdos de protección recíproca de inversiones estipulan plazos de tres a seis meses de conciliación entre las partes, que pueden ampliarse si lo pide el demandante. Las petroleras se acogieron a estos acuerdos tras la promulgación en mayo pasado de la Ley de Hidrocarburos.
La Razón consultó a fuentes del sector petrolero si este plazo fue acordado con las mismas compañías. Todas ellas respondieron afirmativamente. Inclusive señalaron que las petroleras enviaron una carta al Gobierno donde expresan su conformidad, aunque “en función a que no cambien las condiciones” para el sector.
Las compañías que se acogieron a los tratados bilaterales de protección de inversiones son Repsol-YPF (España), British Gas (Gran Bretaña), Total (Francia), Tecpetrol (Argentina), Vintage y ExxonMobil (Estados Unidos), así como Pluspetrol y Pan American Energy (Holanda).
Cabe recordar que las primeras empresas en acogerse a estos tratados bilaterales fueron British Gas, Repsol-YPF y Total, las que remitieron en julio del 2005 sendas comunicaciones al Gobierno, en las que pidieron analizar las condiciones del sector bajo la nueva Ley de Hidrocarburos.
La nueva Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), promulgada el 17 de mayo del 2005 por el Congreso, eleva el régimen impositivo a las petroleras y obliga a la migración de los contratos vigentes. Esta ley es considerada por las compañías como confiscatoria.
El 16 de agosto del 2005, el Gobierno conformó una comisión de alto nivel encargada de diseñar la estrategia de defensa del país en caso de que las petroleras inicien procesos de arbitraje, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Hidrocarburos.
El encargado de llevar adelante este proceso fue el ex ministro de Desarrollo Económico Xavier Nogales, quien trabajó en estrecha colaboración con los asesores del Presidente, Antonio Miranda y Óscar Salinas.
Aunque este proceso debía haber concluido en noviembre del año pasado, se presentaron un sinfín de problemas que evitaron poner en marcha la negociación con las petroleras.
Previendo estas dificultades, el Ejecutivo admitió —en octubre de ese año— que el plazo iba a quedar corto y señaló que los contactos con las petroleras sirvieron para conocer “la predisposición de muchas de ellas para arribar a acuerdos que al menos dejen un margen y un marco adecuado al próximo gobierno”. Entonces, el director del Palacio, Julio Pemintel, dijo que no se quería dejar al futuro gobierno una pesada carga con el tema de las petroleras.
Repsol seguirá invirtiendo
Repsol-YPF prevé invertir este año US04,88 millones en exploración y explotación petrolera en los bloques Caipipendi, Surubí, Mamoré, además de los trabajos de desarrollo del campo Margarita, de acuerdo con el programa presentado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La petrolera hispano-argentina empleará capital de riesgo en los cuatro departamentos petroleros: Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, cubriendo el 45% del total programado por 11 compañías que operan en el país.
Las inversiones presupuestadas por Repsol-YPF son en condición de operadora de los bloques y campos, pero en varios, como Caipipendi, tiene socios; por lo tanto, el aporte de capital es en el porcentaje de participación.
La mayor inversión de la petrolera hispano-argentina está destinada al bloque Caipipendi (US9,66 millones), incluyendo el desarrollo del campo Margarita y la perforación exploratoria en Huacaya y Cuevo.
La petrolera perforará dos pozos exploratorios: el Huacaya X1, en Chuquisaca, con una inversión de US8,48 millones, y el Cuevo X2, en Santa Cruz, con una inversión de US0,67 millones.
Fuente: La Razón.