La polémica por la aprobación ambiental del proyecto de la tercera unidad de la central carbonera Guacolda en la III Región crece con fuerza.
Es que la decisión de la Corema regional de aprobar la modificación del proyecto eléctrico mediante una declaración de impacto ambiental (DIA), en circunstancias que tenía un estudio de impacto ambiental (EIA) ya aprobado, está dejando varios heridos en el camino, incluso en el mismo Gobierno.
Ahora los dardos del mundo ambientalista apuntan al rol de la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso.
Aunque Veloso manifestó su molestia por la decisión de la Corema, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que «lo que correspondía era rechazar y recomendar que se hiciera un EIA. Esto lo sabe la directora de Conama y la propia ministra Veloso».
Por eso Larraín es enfática en afirmar que debería haber mecanismos de control en el Gobierno, y en especial en la Conama, para remediar la situación. Y, además, señala que «la ministra (Veloso) se equivoca rotundamente» respecto de que nada puede hacerse y propone disponer un sumario administrativo.
Este enfrentamiento entre ambas figuras no es menor, sobre todo considerando que tanto Veloso como Larraín forman parte de un círculo de personas que tienen llegada directa y son consultadas por la Presidenta Michelle Bachelet.
«Es tremendamente grave que, al dejar de actuar, el Gobierno siente un precedente que resta credibilidad al sistema, pues va a dar lo mismo lo que se evalúe vía estudio, si después se puede cambiar entre gallos y medianoche a través de una simple declaración. O sea, las empresas han encontrado un nuevo camino para usar la ley a su antojo y una vez más al gobierno le da lo mismo», sentenció la ambientalista.
Fuente: Emol.