El mundo hoy se encuentra ad-portas de una transición energética que marcará un antes y un después respecto a la forma en que nos relacionamos con la energía eléctrica y la electromovilidad. Las tecnologías renovables, las soluciones de almacenamiento, los autos eléctricos, los medidores digitales, la generación distribuida (GD) y la figura del prosumidor (aquel cliente del sistema que consume energía de la red y al mismo tiempo la produce tanto para netear su consumo como para inyectar sus excedentes) pronto tendrán un alcance masivo, empoderando al cliente final en la gestión energética sustentable.

En Chile, la GD se compone de dos mercados: (i) El mercado de PMGD: instalaciones de hasta 9MW de capacidad instalada, hoy amenazados por un inminente cambio al mecanismo de cálculo del precio estabilizado. Representan actualmente 832 MW de capacidad instalada operativa y 1.410 MW en proyectos en desarrollo. (ii) El mercado de autoconsumo o net-billing: instalaciones de hasta 300 Kw de capacidad instalada, sumando hoy más de 23 MW de capacidad, distribuidas en 3.947 instalaciones conectadas y pertenecientes a clientes regulados.

La GD, analizada bajo una mirada de sustentabilidad holística (económica, ambiental, social y gobernanza) presenta un potencial significativo para el desarrollo sustentable del país. (i) Son instalaciones eléctricas pequeñas, con mucho mejor adaptación y legitimidad social, permitiendo la entrada de nuevos generadores -así como también prosumidores- al mercado eléctrico, un mercado altamente concentrado; (ii) generan más de 4.000 empleos nacionales y locales al año; (iii) buscan instalarse en lugares cercanos al punto de consumo, evitan pérdidas de transmisión, reducen la presión por incurrir en grandes inversiones adicionales en infraestructura de transmisión y descentralizan la generación, aportando seguridad, confiabilidad y calidad tanto al servicio de distribución eléctrica como al Sistema Interconectado completo.

Sin embargo, la GD presenta un potencial no mencionado en el párrafo anterior, quizás de muchísimo mayor impacto, que probablemente representa la mayor oportunidad de generación de valor agregado en la historia industrial de nuestro país. Me refiero a la transferencia tecnológica masiva hacia la base de la pirámide. La GD permite que el panel solar, el inversor, la batería, la climatización y la eficiencia energética vía tecnologías del IOT (Internet of Things) lleguen a la casa de la señora Juanita, permitiendo la potencial generación de un ecosistema local de emprendimiento e innovación que no está subsidiado por el Estado ni por áreas de R&D de empresas multinacionales, sino más bien por el conocimiento práctico adquirido por la población en forma exponencial, a través de una modalidad learning by doing.

Chile, una potencia renovable y sobre todo solar, tiene una oportunidad única para no solo vender insumos primarios como el sol, el viento y el uso del suelo o techo, sino que también, productos y servicios de valor agregado en el contexto de una economía electrificada, exportables a la región y quien sabe, al mundo.

Para capitalizar esta oportunidad y acelerar la mencionada transferencia tecnológica, resulta clave legislar en un nuevo marco regulatorio para el sector de distribución eléctrica que tenga como eje estratégico, avanzar en los ajustes necesarios para adaptar al sistema con las nuevas tecnologías, de tal manera de permitir el crecimiento de la GD y en consecuencia, empoderamiento de los clientes finales hacia la consolidación del prosumidor.

Para lograr dichos objetivos, resulta de suma importancia delimitar claramente el rol de la empresa concesionaria de distribución, -en cuanto titular de la función de inversión y operación de la infraestructura física- con las demás actividades ligadas a la comercialización y otros servicios energéticos prestados directamente al cliente final, los cuales debiesen ser dejadas al mercado privado.

En esta línea, resulta clave que la información bidireccional digital del medidor inteligente, sea de propiedad del cliente regulado y administrada por un ente técnico independiente, distinto de la empresa distribuidora y por ende ausente de conflictos de interés, capaz de dar garantías de libre competencia y transparencia a todos los interesados: clientes regulados, mercado privado, empresa distribuidora y entidades regulatorias.