Antes del viernes 18 de octubre de 2019, el principal logro en materia de transporte de nuestro país eran los avances significativos que se estaban alcanzando a través de la electromovilidad. No era para menos. Chile se estaba transformando en un referente en Latinoamérica con una serie de hitos que se han dado en los últimos años, por ejemplo, la incorporación de 400 buses eléctricos al Transantiago, la masificación de nuevos modos eléctricos (scooters, bicicletas y motocicletas), un crecimiento anual de un 44% en la venta de autos eléctricos particulares y una infraestructura de carga pública de alto nivel internacional. De hecho, albergamos por segunda vez la Fórmula E, cuyo evento deportivo nos permitió ubicarnos en la elite mundial de la movilidad sustentable.

Pero lejos de ese Chile exitoso, ninguno de quienes trabajamos para la promoción de una movilidad urbana más accesible e inteligente fuimos capaces de percatarnos de que la inversión y el trabajo que se estaban realizando en las ciudades del país no se condecían con la inequidad que estaba afectando a las personas. Da pudor reconocerlo, pero mientras la instituciones públicas y privadas centraban todos los esfuerzos para generar mayor conocimiento, tecnología e innovación de primer nivel que nos permita catapultarnos como uno de los principales actores de la movilidad eléctrica mundial, se ignoró sobre cuáles eran las necesidades reales y las expectativas que tenía la población en relación al sector del transporte.

A la luz de manifestaciones sociales de las últimas cuatro semanas, más me convenzo de que a la ciudadanía le era secundario, en este escenario de desigualdad, si el bus que los trasladaba era eléctrico o que Chile se posicionó como el segundo país del orbe con la mayor flota de buses eléctricos en el transporte público. A ellos le interesaba verdaderamente otra cosa: tener un transporte público accesible e inclusivo que mejore su calidad de vida y que sea capaz de  disminuir los tiempos de viaje y que haga más eficiente sus traslados por la ciudad.

El estallido social ha dejado en evidencia, entre otras cosas, la urgencia de revisar las prioridades en el transporte y en este engranaje, la electromovilidad  va a tener que acompañar desde atrás siempre colocando el foco en la gente. De hecho, este llamado de atención ciudadano hace replantearse el rol que ejerce el mismo Ministerio de Transportes que se ha caracterizado por cumplir un papel técnico y ahora tendrá que incorporar una perspectiva con un marcado acento social, para entregar soluciones que garanticen la integración y la equidad.

Sabemos que la movilidad eléctrica es vanguardia y futuro, es eficiencia e innovación, pero hoy la prioridad en el sector es contar con una planificación sostenible del transporte público que considere realmente la equidad territorial. Sin embargo, detrás de esta revolución tecnológica existe un futuro muy auspicioso no sólo para lograr ciudades más limpias, silenciosas y modernas, si no, además para crear nuevos negocios y oportunidades de emprendimiento en innovación y tecnología que pueden ser perfectamente aprovechadas para financiar en parte las medidas que hoy demanda con urgencia la ciudadanía.