La transición hacia la electromovilidad puede ayudar a los países de América Latina y el Caribe a reducir las emisiones contaminantes y cumplir los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático, mientras se crean nuevos empleos verdes como parte de los planes de recuperación pos-COVID-19.

Así lo señala el reciente informe “Movilidad Eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe y oportunidades para la colaboración regional 2019”, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual analiza los más recientes avances en 20 países de la región y destaca el creciente liderazgo de municipalidades, empresas y asociaciones civiles en impulsar la aplicación de nuevas tecnologías.

[LEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ]

Chile y su ejemplo en el transporte público

El transporte público es el segmento que se está electrificando a mayor velocidad en la región, aunque aún en una fase incipiente de despliegue, indica el estudio, que es financiado por la Comisión Europea a través del Programa EUROCLIMA+, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la empresa de energías renovables Acciona.

Chile destaca por poseer la mayor mayor flota de buses eléctricos en la región, con más de 400 unidades, mientras se espera que Colombia incorpore casi 500 buses eléctricos en la capital, Bogotá. Otras ciudades colombianas, como Cali y Medellín, se han unido a Guayaquil, en Ecuador, y Sao Paulo, en Brazil, y han introducido buses eléctricos en sus flotas urbanas.

El aumento en la eficiencia de los buses eléctricos, la reducción en sus costos de operación y mantenimiento, así como la creciente preocupación por los impactos de las emisiones en la salud y el medio ambiente, son los principales impulsores de esta transición, según el estudio.

El transporte es responsable de 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe y es uno de los principales motores detrás de la mala calidad del aire en las ciudades que causa más de 300.000 muertes prematuras al año en el continente americano, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

“En meses recientes hemos visto una reducción en la contaminación atmosférica de nuestras ciudades a causa de los confinamientos para prevenir la propagación de la COVID-19. Pero estas mejoras son sólo temporales. Debemos emprender un cambio estructural para que nuestros sistemas de transporte contribuyan definitivamente a la sostenibilidad de nuestras ciudades”, dijo Leo Heileman, director regional del PNUMA en América Latina y el Caribe.

Estrategias para el futuro

El informe llama a los tomadores de decisiones a priorizar la electrificación del transporte público en el futuro, especialmente a la hora de actualizar las viejas flotas de autobuses que recorren las grandes ciudades de la región. El estudio advierte del peligro de un “bloqueo tecnológico” en los próximos 7 a 15 años si las autoridades optan por renovar las antiguas flotas con nuevos vehículos de combustión interna que seguirán contaminando el aire de las ciudades y causado daños a la salud.

Algunos países ya están preparando el camino para garantizar una transición hacia el transporte sostenible. Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá han trazado ya estrategias o planes nacionales sobre la materia, mientras Argentina, México, Paraguay y República Dominicana están formulando los suyos, según el informe.
Más de 6.000 nuevos vehículos eléctricos livianos se registraron entre enero de 2016 y septiembre de 2019 en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe.

La necesidad de aumentar los puntos de recarga ha generado nuevas ideas de negocio o servicios. Por ejemplo, los “electrocorredores” que ya pueden encontrarse en Brasil, Chile, México y Uruguay permiten a los usuarios extender la autonomía de sus vehículos gracias a las redes de puntos de recarga rápida.

Movilidad compartida

Los negocios de movilidad compartida de bicicletas y scooters eléctricos también se están desarrollando en al menos nueve países de la región.

El desarrollo de la infraestructura para la carga de los vehículos eléctricos tiene el potencial de fomentar nuevas inversiones y empleos, los cuales son clave para los esfuerzos pos-COVID-19.

Políticas públicas

En la publicación se llama a los gobiernos a desarrollar una hoja de ruta clara a mediano y largo plazo que ofrezca certidumbre legal a la inversión privada y considere la movilidad sostenible en los planes de ampliación de la red eléctrica, en línea con los compromisos climáticos suscritos bajo el Acuerdo de París.

El Acuerdo de 2015, firmado hasta la fecha por casi 200 países, tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 ˚C por encima de los niveles preindustriales para fines de siglo y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C.

El informe fue elaborado con los insumos de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (ALAMOS) y con la contribución del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica.