A días de que finalice la consulta abierta por el gobierno para que la ciudadanía realice observaciones al anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, Espacio Público −con el apoyo del International Development Research Center (IDRC)− realizó la quinta versión del Ciclo de conversaciones 2019: “Rumbo a la COP25: ¿Es la Ley de Cambio Climático suficiente para la acción?”, donde se abordaron los avances y desafíos pendientes.

En la instancia (a la que asistieron diversos actores del mundo académico, activista, político y empresarial), la investigadora del centro de estudios Violeta Rabí, presentó un análisis del anteproyecto. Entre los aspectos positivos de la ley, la socióloga afirmó que “se establece la meta concreta de alcanzar la Carbono Neutralidad al 2050: meta de mitigación que ordenará el resto de las políticas públicas. Se reconoce como iniciativa útil, al permitir evaluar objetivamente los resultados alcanzados”.

Mientras que en los aspectos deficitarios, Rabí agregó que “contrario a lo que ocurre con la meta de mitigación, la ley no contempla meta de adaptación. Además, no queda claro cómo se entregará su nivel de prioridad, en la medida de que no se crea una partida presupuestaria específica para la gestión del cambio climático y su asignación depende de los sectores”.

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Respecto de esto, la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Carolina Urmeneta, sostuvo que “actualmente depende mucho de la voluntad de los ministerios que se lleven a la práctica medidas para el cambio climático. En cambio con esta ley se institucionaliza cómo operar”. Además, a pocos meses de que se realice la COP25 en Chile Urmeneta agregó que es importante que “la ley de cambio climático se apruebe antes de la COP, ya que es relevante que en esta instancia queden fijados cambios a largo plazo”.

En el panel de conversación, moderado por la directora de Espacio Público, Nicola Borregaard, también participó el gerente general de Consejo Minero, Carlos Urenda, quien precisó que “podrían mejorarse planes sectoriales con metas que sean designadas por los ministerios que tengan prioridad en esos temas. Por ejemplo, en sector minería y eficiencia energética”. Lo anterior, ya que para Urenda, existe “una preocupación por la coordinación entre instituciones para lograr los planes asociados a las metas que propone la ley”.

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En tanto, desde la sociedad civil y el mundo científico, la presidenta de la ONG CEUS, Isabella Villanueva, agregó que “es necesario que las personas entiendan el impacto del cambio climático y la forma de adaptarse a él en la cotidianidad. El Ministerio de Educación es un gran ausente en el anteproyecto de ley de cambio climático”. Además, la también vocera de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) sostuvo que “la transparencia es importante. Hay contradicciones entre elaborar una ley de cambio climático y no firmar el Acuerdo de Escazú”.